EE.UU.: el espionaje telefónico ya es ley

Bush defendió la ley como un elemento "vital" para la seguridad de los estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó este jueves la ley que autoriza al gobierno a continuar con su programa de monitoreo telefónico interno sin orden judicial.

El Senado de Estados Unidos había completado ayer la sanción de la controvertida norma, que también otorga inmunidad a las empresas telefónicas que facilitaron la interceptación de líneas a pedido del gobierno sin que mediara el requerimiento de un juez.

Durante la ceremonia de firma, Bush calificó la nueva ley como "vital" para la seguridad del pueblo estadounidense.

El candidato presidencial demócrata Barack Obama votó a favor de la medida, a pesar de que en declaraciones previas había prometido bloquear cualquier proyecto de ley que otorgase inmunidad a las empresas de telecomunicaciones.

Otros varios importantes senadores demócratas en cambio, como John Kerry y Hillary Clinton, habían votado en contra.

Punto de discusión

El mes pasado, la norma había sido aprobada por la Cámara de Representantes con apoyo de ambos partidos, luego que legisladores demócratas llegaran a un acuerdo con los republicanos acerca de las medidas para otorgar inmunidad judicial a las empresas telefónicas.

La nueva norma ofrece protección legal a las telefónicas que colaboraron con el espionaje oficial.

Las firmas de telecomunicaciones enfrentaban hasta 40 demandas por su participación en el programa de espionaje.

Previos intentos por aprobar el proyecto de ley y permitir que siguiera el monitoreo de llamadas sin órdenes judiciales se habían estancado debido al tema de la inmunidad para las empresas.

Los Demócratas se mostraban reacios a otorgar dicha inmunidad, diciendo que los tribunales deberían primero establecer qué fue lo que hicieron las empresas.

Bush, respaldado por los legisladores republicanos, quería garantizar que las empresas que habían ayudado al programa gubernamental no enfrentaran el riesgo de una investigación judicial.

Las dos partes llegaron a un arreglo mediante el cual las telefónicas no obtendrían la inmunidad automática, pero los tribunales estarían obligados a rechazar demandas contra una empresa si esta pudiese suministrar una certificación escrita de que la Casa Blanca le solicitó participar en el programa y que le había asegurado a la firma que dicha acción era legal.