El Parlamento Europeo tiene previsto votar la "directiva del retorno" el próximo 18 de junio.
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó este lunes con bloquear las negociaciones comerciales entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE) si se aprueba la llamada "directiva del retorno" a los inmigrantes ilegales.
El Parlamento Europeo tiene previsto votar esta propuesta el próximo 18 de junio tras ser aprobada por unanimidad por los ministros de Interior europeos el pasado jueves.
El proyecto establece criterios mínimos comunes en el bloque europeo hacia los inmigrantes indocumentados, entre ellos un internamiento de hasta seis meses que se puede extender a 18 en casos excepcionales o si hay problemas de identificación.
El apoyo de la Eurocámara es necesario para sacar adelante esta polémica medida que entraría en vigor en 2010 y que Morales calificó de "directiva de la vergüenza" en una carta abierta.
¡18 meses!
El mandatario boliviano advirtió que, de aprobarse esta directiva, la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se vería ante la "imposibilidad ética de profundizar en las negociaciones con la UE" y advirtió que su país podría imponer restricciones en los visados europeos.
"Llamo a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos (...) que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo", afirmó Morales.
"La 'directiva retorno' prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión. ¡18 meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy el proyecto de texto de la directiva viola (...) la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948", añadió.
Los críticos dicen que la directiva es "muy dura" y que afecta a muchos inmigrantes que se han integrado satisfactoriamente a las sociedades europeas.
Por otro lado, el comisionado europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, aseguró que la aprobación del mecanismo representará un avance.
Barrot se basó particularmente en que nueve de los 27 países de la UE no fijan actualmente limites temporales de retención.