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Jueves, 22 de mayo de 2008 - 21:59 GMT
UE: ilegales enfrentan expulsión
Jordi Miró
Bruselas

Inmigrante ilegal socorrido por la Cruz Roja en España
De aprobarse, la "Directiva de Retorno" entraría en vigor en 2010.

Los ocho millones de ilegales que viven en la Unión Europea (UE) están desde hoy más cerca de la expulsión, después de que las autoridades comunitarias avalaran una medida sobre esta cuestión.

Se trata de la llamada "Directiva de Retorno", y su fin es armonizar mínimamente los métodos de repatriación de inmigrantes irregulares en los 27 estados miembros.

Actualmente las cosas son muy distintas entre los países en cuanto a los métodos utilizados en la detención, interrogación y expulsión de inmigrantes.

(La nueva directiva) tendrá en cuenta en todo momento el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas
Presidencia de la Unión Europea

Por ejemplo, el tiempo que los inmigrantes ilegales pueden estar detenidos en centros especiales puede ser desde 32 días a 20 meses, dependiendo del país en el que se encuentren.

En el caso de España, el límite es de 40 días.

Pero con la nueva directiva, a la que los embajadores de la UE dieron el visto bueno, fijaría un período de detención de máximo seis meses, aunque ampliable a 18.

Frente a la decisión, los partidos políticos de izquierdas y las organizaciones de derechos humanos y de apoyo a los refugiados han puesto el grito en el cielo.

Amenaza

Y es que la nueva directiva también establece que los inmigrantes expulsados no puedan volver a ese país ni a ninguno de la UE durante cinco años, ampliables si el "ilegal" representa una amenaza para un estado miembro.

Mujeres ecuatorianas ilegales en Bélgica
Esta directiva da carta blanca a la vulneración de los derechos humanos
Raúl Romeva, eurodiputado del grupo de los Verdes

Y que los solicitantes de asilo y los menores no acompañados también puedan ser detenidos y expulsados, si bien con garantías de ser entregados a alguien de su familia o responsable de su tutela en su país de origen.

Por todo ello, opinan las ONGs, las condiciones de los sin papeles se volverán más duras de lo que ya son en Europa.

Aunque desde la presidencia de la Unión Europea aseguran que la nueva directiva "tendrá en cuenta en todo momento el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas", para opositores como el eurodiputado del grupo de los Verdes, Raúl Romeva, "esta directiva da carta blanca a la vulneración de los derechos humanos".

SOS Racismo señala que "se está proponiendo aumentar el encierro de los y las inmigrantes en centros que han sido repetidamente denunciados por el incumplimiento de sus condiciones de salubridad, maltrato a las personas internas, y falta de transparencia de criterios claros de regulación de funcionamiento y de información".

En un comunicado hecho público por la UE se insiste sin embargo en que "la normativa respeta plenamente la Convención Europea de los Derechos Humanos y supone una mejora respecto a la situación que se está viviendo actualmente en muchos de los estados miembros".

Camino por recorrer

Aunque hay un preacuerdo entre las tres instituciones decisorias de la UE -Consejo, Comisión y Parlamento- a este texto todavía la falta camino por recorrer.

Inmigrantes ecuatorianos (archivo junio 2007)
Las ONGs creen que con la nueva normativa las condiciones de vida de los sin papeles empeorarán.

Tras la aprobación de hoy por parte de los embajadores ante la UE, deberá votarse por mayoría en el Consejo de Asuntos de Interior y ser respaldado por el pleno del Parlamento Europeo en junio, pues ambas instituciones deben decidirlo.

De pasar todos esos trámites, su entrada en vigor sería en 2010.

Si no los pasa, la maquinaria del complejo proceso decisorio de la UE se pondría de nuevo en marcha y podrían pasar dos años más antes de su aprobación.

El punto con más desacuerdo entre los estados miembros es el que pedía asistencia jurídica gratuita para los estados miembros, que algunos países y el Parlamento querían obligatoria y otros opcional.

Al final, se decidió que cada país proceda según su legislación nacional.



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