Alcaldes rechazan muro fronterizo

Marcia Facundo BBC, Miami

Alcaldes de ciudades fronterizas en el estado de Texas rechazaron la decisión del gobierno de Estados Unidos de obviar más de 30 leyes y regulaciones federales para construir la extensión del muro en la frontera con México.

El gobierno de EE.UU. obviará más de 30 leyes para construir el muro.

Los jefes de gobierno de las ciudades de desde El Paso hasta Brownsville podrían sumarse a una demanda legal para impedir que se construyan cientos de kilómetros de extensión del muro por el valle del Río Bravo.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que utilizará dos exenciones legales, autorizadas por el Congreso, para esquivar las leyes ambientales y normas burocráticas que actualmente le impiden construir el muro fronterizo.

El gobierno estadounidense planea edificar unos 1.100 kilómetros de vallas en California, Arizona, Nuevo México y Texas, para finales de este año.

"El secretario (de Seguridad Nacional, Michael) Chertoff para mi nunca ha obrado de buena fe y siempre ha tenido en mente construir el muro no importa si hay alternativas que son más efectivas, menos costosas y más beneficiosas para nuestras comunidades", expresó a BBC Mundo el alcalde de Brownsville, Pat Ahumada.

"No me sorprende que esté usando ese poder para seguir con el proyecto de construcción del muro aunque sea en contra de los beneficios de las comunidades que están en la frontera y el impacto que tiene en la ecología y la economía de los municipios que están ubicados en la zona", agregó.

Integrados en la Coalición de la Frontera de Texas, que incluye además a jueces y empresarios locales, los alcaldes insisten en que la proyectada construcción del muro resultaría muy costosa e improcedente.

Drástica medida

Por su parte, el alcalde de Eagle Pass, Chad Foster dijo que ésta "constituye la más alta suspensión de leyes ambientales desde que se construyó el oleoducto Trans-Alaska, y todo sabemos lo que pasó allí. Sólo hay que preguntarle a la gente de Valdez, Alaska".

En vez de despedazar la herencia ambiental y cultural de nuestra nación, el gobierno federal debería trabajar hacia lograr soluciones genuinas. Chad Foster, alcalde de Eagle Pass, Texas

Foster, presidente de la Coalición, resaltó que ingenieros del Departamento de Seguridad Nacional y los cuerpos armados han invertido millones de dólares de los contribuyentes para conducir estudios de la región fronteriza con México, desde San Diego hasta Brownsville.

"Obviamente, hay algún problema serio con los estudios, porque de lo contrario, el gobierno federal no tendría que recurrir a medidas tan drásticas", añadió Foster.

Consideró que "en vez de despedazar la herencia ambiental y cultural de nuestra nación, el gobierno federal debería trabajar hacia lograr soluciones genuinas. Eso es lo que los funcionarios de la frontera en Texas hemos estado diciendo desde el principio".

Mientras, el alcalde de El Paso, John Cook, dijo que "si el Tío Sam puede obviar las leyes del país para construir muros, me debería de permitir lo mismo para construir nuevos puertos de entrada legal para acomodar nuestras necesidades de transportar productos, gente y servicios a través de nuestras fronteras".

Importante recurso

La medida del gobierno de obviar las leyes federales supone el uso más importante del recurso de utilizar las exenciones legales desde que el gobierno del presidente George Bush empezó a construir el muro en la frontera.

EE.UU. construye el muro para controlar la inmigración de indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional utilizó el recurso para edificar vallas en Arizona y San Diego.

"La actividad delictiva en la frontera no se paraliza por los debates eternos y litigios prolongados", dijo Chertoff en un comunicado.

"Esas exenciones legales permiten continuar importantes proyectos de seguridad", agregó.

Los alcaldes de Texas propusieron en noviembre del año pasado al gobierno la construcción de pequeñas represas en varias zonas del Río Bravo para desalentar la inmigración de indocumentados.

La propuesta es de construir una represa que sirva para almacenar el agua por 42 millas. Los defensores del plan afirman que de esta manera el Río Bravo se podrá patrullar con lanchas rápidas.