La comunidad internacional no reaccionó a las matanzas de miles de ruandeses
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La justicia española ordenó este miércoles la detención de 40 militares de Ruanda, entre ellos un general de los Cascos Azules de la ONU, a los que acusa por las matanzas ocurridas en la década de los 90.
El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional en Madrid expresó que también tiene pruebas contra el actual presidente del país africano, Paul Kagame, pero no puede requerir la captura debido a su inmunidad de jefe de estado.
El magistrado los considera sospechosos de los delitos de genocidio y terrorismo en hechos que costaron la vida a cientos de miles de ruandeses y a nueve ciudadanos españoles.
Al anticipar la noticia, el corresponsal de la BBC en Madrid, Danny Wood, recordó que en 1998 otro juez español intentó sin éxito, la extradición del ex gobernante militar chileno Augusto Pinochet para ser juzgado ante los tribunales españoles.
Extraterritorialidad
Como destaca Wood, la legislación española aplica el principio de extraterritorialidad de la justicia, habilitando a sus tribunales superiores a investigar y procesar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del país, especialmente si los afectados fueron ciudadanos españoles.
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Es muy improbable que los militares sean arrestados y llevados a juicio en España a no ser que dejen Ruanda.
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En el caso de Ruanda, el juez Andreu libró la orden de captura internacional luego de haber tomado testimonios a más de una veintena de testigos, la mayoría de ellos bajo el sistema de protección de la justicia.
El magistrado asegura que tiene suficientes indicios para acusar a los militares de haber tomado el poder por la fuerza e instaurado un régimen de terror que aplicó una estrategia de exterminio contra civiles, principalmente de la etnia Tutsi.
En las jornadas de violencia generalizada que siguieron a la muerte del presidente Juvenal Habyarimana (de la etnia Hutu) cuando su avión fue derribado en abril de 1994, los militares también habrían obligado a civiles de la etnia Hutu a asesinar a sus propios vecinos tutsis.
Naciones Unidas
Según las denuncias internacionales, sólo en los 100 días que siguieron a la muerte de Habyarimana, cerca de 800.000 ruandeses fueron asesinados.
Incluso después de que los rebeldes tutsis liderados por el actual presidente Paul Kagame, se hicieran del poder militar, adoptaron una campaña de asesinatos en masa de hutus tanto en Ruanda como en los campamentos de refugiados en lo que en ese momento era el vecino Zaire (actual República Democrática del Congo).
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Cuando la alta comisionada de ACNUR, Sadako Ogata, visitó en febrero de 1997 el campo de refugiados Tingi-Tingi, únicamente ofreció socorro humanitario a los que estuvieran dispuestos a volver a su país
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La comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas fueron fuertemente criticiadas por no haber reaccionado a tiempo y de la debida manera ante la crisis en el país africano.
Incluso en la declaración emitida este miércoles en Madrid, el juez Fernando Andreu, critica el papel que tuvo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) al instaurar en 1996 un plan de "repatriación forzosa" a campos de refugiados del Congo.
Según el magistrado, este programa que incluía el pago de US$10 por cada ruandés entregado, originó una "auténtica cacería humana". Posteriormente, cuando el ACNUR intentaba hacer regresar a su país a los refugiados, muchos "prefiriaron suicidarse antes que volver al terror de Ruanda".
Kagame
El juez dice que también tiene indicios contra el presidente Paul Kagame.
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Entre los militares requeridos, se encuentra el general Emmanuel Karake Karenzi, quien en la actualidad ejerce la subcomandancia de la fuerza de paz conjunta de la Unión Africana y Naciones Unidas en la conflictiva región sudanesa de Darfur.
El juez también asegura, que tiene suficientes pruebas para inculpar al gobierno surgido en Ruanda de haber dado la orden de asesinar a seis misioneros españoles y a tres asistentes humanitarios de la organización Médicos del Mundo.
Para asesinar a personas de raza blanca -sostiene- era necesaria una orden de la cúpula militar, la que surgió luego de una reunión a la que asistió uno de los testigos a los que tomó declaración.
Los testimonios también apuntan contra Kagame acusándolo entre otras cosas, del ataque contra el avión del presidente Juvenal Habyarimanaen, de haber ametrallado directamente a civiles y de dar la orden de asisinar a tres obispos y varios sacerdotes.
Una herida abierta
Casi un millón de ruandeses fueron asesinados en tres meses.
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El corresponsal de la BBC en Madrid, Danny Wood, considera que es casi impensable que Ruanda acepte el pedido de orden de captura contra sus militares.
El gobierno de ese país, liderado por Kagame, primero como comandante de las fuerzas rebeldes y luego como presidente electo en 2003, ha sostenido que los responsables de esos hechos deben responder ante sus propios tribunales.
Por otra parte criticó al tribunal penal internacional establecido por la ONU para los crímenes de ruanda en 1995, el que hasta ahora sólo ha condenado a unas 20 personas.
La misma fiscal jefe de ese tribunal, la italiana Carla del Ponte, fue desplazada a otras funciones, luego de haber acusado en varias ocasiones al gobierno ruandés de falta de colaboración.
Hace algunos meses, dialogando con BBC Mundo, el ex comandante de la antigua Misión de Asistencia de la ONU a Ruanda (UNAMIR), Romeo Dallaire, volvió a criticar la indiferencia de la comunidad internacional ante este "genocidio, brutal y continuado".
"Los ruandeses no deben dejar que ésta olvide nunca su responsabilidad penal", dijo el militar.
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