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Peter Bowes
BBC, Los Ángeles
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A la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) le desconectaron algunas de sus intercepciones telefónicas encubiertas, porque no pagó a tiempo sus cuentas.
La auditoría culpó al FBI de laxitud en la supervisión del dinero para investigaciones encubiertas.
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Así lo estableció una auditoría ordenada por el gobierno estadounidense.
El departamento de Justicia dijo que algunas de las operaciones de vigilancia del FBI han sido puestas en peligro por pagos retrasados y un "anticuado" sistema de contabilidad.
La auditoría también reveló que un empleado del FBI admitió el robo de US$25.000, que estaban destinados al pago de actividades telefónicas encubiertas.
El organismo aseguró, sin embargo, que las operaciones en cuestión no habían sido afectadas significativamente.
En agosto, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que le permite al gobierno mantener el programa para escuchar conversaciones telefónicas e intervenir comunicaciones de sospechosos de tener vínculos con actividades terroristas.
La legislación permite a las autoridades escuchar llamadas internacionales y filtrar comunicaciones que sigan la ruta de Estados Unidos a través de internet, de personas presuntamente asociadas con grupos terroristas, sin una orden judicial durante seis meses.
"Hipocresía"
Operaciones del FBI fueron puestas en peligro por no pagar sus cuentas telefónicas.
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La auditoria, llevada a cabo por el inspector general del departamento de Justicia, Glenn Fine, concluyó que las líneas telefónicas que se establecieron para escuchar de manera secreta las conversaciones de presuntos delincuentes fueron desconectadas porque los pagos no se hicieron a tiempo.
Esto causó la pérdida de pruebas judiciales en algunos casos.
Tan sólo en una oficina, las cuentas sin cancelar de las escuchas telefónicas a una compañía ascendían a US$66.000.
La auditoría culpó al FBI de laxitud en la supervisión de los fondos que se destina a investigaciones encubiertas.
La Unión Americana por las Libertades Civiles, dijo que el informe destaca la hipocresía de las compañías telefónicas.
Según la Unión, esas compañías quieren que el Congreso les dé inmunidad contra demandas por su cooperación en cierta clase de intercepciones telefónicas, con el argumento de que ellas están actuando sólo como empresas responsables.
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