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Miércoles, 31 de octubre de 2007 - 21:31 GMT
España aprueba ley de memoria histórica
Redacción BBC Mundo

El Parlamento español aprobó una histórica legislación que, por primera vez, condena formalmente el régimen del general Francisco Franco, que finalizó en 1975.

Los miembros del Congreso de los Diputados, o cámara baja del parlamento, denunciaron el "régimen fascista de Franco", e hicieron un llamado a las autoridades locales a redoblar esfuerzos para identificar las fosas comunes de la época de la Guerra Civil, ocurrida entre 1936 y 1939.

Fuerzas republicanas, durante la Guerra Civil,  batallan por el Alcázar de Toledo. España, Julio de 1936

También ordenaron la retirada de los símbolos que todavía perviven, como estatuas, placas o escudos que honren o recuerden el franquismo.

La oposición conservadora representada en el Partido Popular (PP) votó en contra, y acusó al gobierno socialista de reabrir viejas heridas y de dividir a la sociedad española.

También afirmaron que el texto impulsado por el gobierno es contrario al espíritu conciliador de la Transición.

Reivindicando el pasado

La legislación, conocida como Ley de Memoria Histórica, busca reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, religiosas o ideológicas durante la Guerra Civil y el régimen militar.

Acto político en el Valle de los Caídos, España
La Ley prohíbe actos de naturaleza política o de exaltación del franquismo en el Valle de los Caídos.

El documento declara ilegítimos los juicios franquistas, que condujeron al encarcelamiento o ejecución de miles de oponentes del régimen, y ordena la indemnización de quienes perdieron la vida en defensa de la democracia.

La Ley prohíbe actos de naturaleza política o de exaltación del franquismo en el Valle de los Caídos, el recinto construido por Franco a 50 kilómetros de Madrid, donde se encuentra sepultado junto a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, y miles de combatientes de ambos bandos.

El Partido Popular votó a favor de algunos de los puntos de la Ley de Memoria Histórica, como la ayuda a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y la despolitización del Valle de los Caídos.

Vieja deuda

"Este es un momento muy importante para España. Pero esta Ley es el comienzo, no el final, y estaba en mora de ser aprobada", dijo Emilio Silva, presidente de una organización que aboga por la exhumación de los cuerpos de los civiles muertos por las fuerzas del general Franco.

El primer ministro español, José Luís Rodríguez Zapatero, cuyo abuelo fue ejecutado por las fuerzas franquistas, hizo de la Ley una prioridad de su gobierno.

Sin embargo, el ex primer ministro, José María Aznar, predecesor de Zapatero, dijo que no es tarea del gobierno "desenterrar tumbas".

Por su parte, Angel Acebes, vicepresidente del PP, afirmó que "Zapatero quiere dividir y enfrentar a los españoles".

Herida abierta

Juliana Sánchez
Los hijos de las víctimas de la Guerra Civil, siguen buscando a sus familiares en fosas comunes.

"El recuerdo de la Guerra Civil española, uno de los conflictos ideológicos más significativos del Siglo XX, y las décadas de régimen militar que le sucedieron, persiste como una fuerza divisiva en ese país", dice el analista de la BBC, Emilio San Pedro.

"Quienes apoyaron y se beneficiaron del régimen de Franco, y en algunos casos sus proles, continúan reverenciando al hombre que ellos creen salvó a España de un posible futuro comunista, en el que los valores tradicionales de la Iglesia Católica y la familia hubieran sido borrados.

"Sus oponentes, especialmente en las regiones autónomas de Cataluña y el País Vasco, consideran esa época como el periodo más oscuro de la historia del país", dijo San Pedro.

Pero la delicada Transición a la democracia a finales de los '70, durante la cual se trabajó en la restauración de los derechos fundamentales sin mirar al pasado, ha sido descrita frecuentemente como un modelo para otros países que intentan superar conflictos similares.

Durante la aprobación de la Ley, la oposición conservadora acusó al gobierno de reabrir viejas heridas para obtener beneficios políticos.

El rechazo que la ley encontró en algunos sectores demuestra que esas heridas no se han cerrado del todo.



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