Medellín participó en la violación y el asesinato de dos adolescentes en 1994.
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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos comienza este miércoles un proceso para determinar si se aplican las leyes de un estado o las leyes internacionales en los casos de 50 inmigrantes indocumentados sentenciados a muerte.
En el proceso también está en juego el prestigio internacional del presidente George Bush.
Todo comenzó por la detención de José Medellín, hace 13 años. Medellín nació en México pero ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos.
En 1994, cuando formaba parte de una pandilla de Houston, Texas, participó en la violación y el asesinato de dos muchachas de 14 y 16 años.
Medellín fue condenado a muerte, pero muchos años después reclamó que para el momento de su detención no se le permitió contactar al consulado de México, donde podían haberle dado asesoría legal.
En la corte internacional
México llevó el caso de Medellín ante la Corte Internacional. Ese tribunal falló que si no tuvo acceso a su consulado, el proceso del mexicano no estuvo ajustado a derecho.
México señala que hay otros 50 de sus ciudadanos en la misma situación que Medellín: sentenciados a muerte sin habérseles permitido contactar a su consulado.
Lo que pasa es que los tribunales de Texas, donde está preso Medellín, dicen que perdió todo derecho a que su caso sea revisado porque no pidió ver a las autoridades consulares durante todo el juicio en su contra.
Cuando se produjo el fallo de la Corte Internacional, en 2005, el presidente Bush criticó la decisión, pero prometió acatarla. Entonces, le pidió a los tribunales de Texas que revisaran el caso de Medellín.
Para algunos, la decisión de Bush busca mejorar la imagen internacional de su país y mantener buenas relaciones con México.
Pero las propias autoridades judiciales de Texas argumentan que un presidente no puede ignorar las leyes de un estado solo porque estima que van contra las leyes internacionales.