La Unión de Libertades Civiles pidió que se detuviera la medida.
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Grupos y personalidades que se oponen a la inmigración de indocumentados hacia Estados Unidos reaccionaron con indignación al dictamen de un juez federal que ordena detener un plan del gobierno para sancionar a las empresas que contraten a trabajadores ilegales.
El juez Charles Breyer, de California, extendió una orden que le prohíbe al Departamento de Seguridad Interior poner en práctica un plan para detectar y expulsar a los trabajadores indocumentados.
El plan del gobierno es informar a los empleadores si los nombres de sus trabajadores no concuerdan con los números del Seguro Social que dieron al momento de la contratación.
A partir de ese momento, el empleador tiene 90 días para determinar el verdadero estatus migratorio del trabajador o despedirlo.
Para el momento de la decisión, el lunes en la noche, el departamento del Seguro Social tenía listas 140.000 cartas listas para enviarle a igual número de empleadores en todo el país.
Estas cartas podrían afectar hasta a ocho millones de trabajadores, según cálculos de las organizaciones pro-inmigrantes.
Reacciones
Se calcula que hay 12 millones de indocumentados en Estados Unidos.
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Las reacciones a la decisión del juez han sido un claro reflejo del apasionamiento que existe en el país sobre el tema. Van desde los que la celebran hasta los que acusan al juez Breyer de impedir la aplicación de leyes que ya están en vigencia.
El columnista Jack Cafferty, por ejemplo, calificó el dictamen como "una vergüenza" y culpó de la decisión a "los grupos que se benefician de la mano de obra barata".
Breyer se pronunció a partir de una demanda introducida por la Unión por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental pro-inmigrantes.
La norma que le permite al gobierno detectar y ordenar el despido de trabajadores indocumentados "es inadecuada, viola las leyes y va a provocar una masiva discriminación", asegura Lucas Guttentag, director del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
El juez Breyer anunció que en diez días dará el veredicto definitivo sobre el controversial plan del gobierno.
Se cree que en Estados Unidos hay 12 millones de inmigrantes indocumentados.
Sólo en 2006 -y por medio del polémico uso de las redadas- el gobierno expulsó a más de 185 mil personas que no tenían sus papeles en regla.
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