Se cree que solo en Phoenix viven unos 500.000 indocumentados
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La organización pro inmigrantes más influyente del estado de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, convocó a un boicot de una semana para protestar contra una ley que sancionaría a las empresas que contraten trabajadores indocumentados.
El presidente del grupo "Inmigrantes sin fronteras", Rosendo Hernández, le dijo a BBC Mundo que su intención es "que no se lleve a cabo la ley HB2779", es decir, la ley que sanciona con multas y cierre a las empresas que no verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores.
La ley -promulgada recientemente por la gobernadora Janet Napolitano- entra en vigencia en enero de 2008 y establece que todos los empleadores deben chequear en una base de datos federal si sus trabajadores están legalmente en Estados Unidos.
Los organizadores de la protesta le han pedido a quienes la respalden que se abstengan de ir a trabajar y que solo compren lo que les sea absolutamente indispensable entre el próximo lunes 3 y el domingo 9 de septiembre.
El llamado está dirigido a los habitantes de la ciudad de Phoenix, donde viven la mayoría de los 500.000 trabajadores indocumentados que se cree que hay en el estado de Arizona.
Efectos secundarios
Los empresarios advierten de consecuencias "devastadoras" para la economía local.
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La convocatoria ha generado ya reacciones de parte de la gobernadora Napolitano, que declaró a los medios locales que los inmigrantes deberían utilizar otras herramientas, como el voto, para hacer sentir su voz en la comunidad.
También el representante estatal Russell Pearce rechaza la protesta y asegura que el boicot "va a hacer enojar a los verdaderos estadounidenses. Son ilegales tratando de intimidar al pueblo estadounidense", declaró el parlamentario en un diario local.
Con visiones tan extremas y en medio de un ambiente de tensión creciente, nadie sabe con precisión cuál va a ser el impacto real de este boicot convocado por "Inmigrantes sin fronteras".
Lo cierto es que la ley HB2779 ha generado una inusual alianza entre los indocumentados y las grandes compañías del estado, como cadenas de supermercados y concesionarios de automóviles.
"Ese es el impacto que deja cuando hacen leyes que afectan a todos", comenta Rosendo Hernández.
Agrega que ahora sí es probable que las autoridades escuchen el reclamo de los indocumentados porque "cuando estas leyes afectan a los negocios y a las compañías es un problema, porque ellos sí votan y sí tienen dinero".
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