Familias separadas por la ley

José Baig BBC Mundo

Los que hayan cometido un delito deben ser deportados, aún después de pagar cárcel.

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que más de un millón y medio de personas han sido víctimas de la desintegración familiar por la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses.

Según estas normas, la deportación debe ser obligatoria para las personas que hayan cometido algunos de los delitos establecidos en una lista en la que se incluyen varias infracciones menores.

La devolución forzosa de estas personas a sus países de origen ocurre después de que ya pagaron sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.

HRW afirma que la ley no le permite a los jueces tomar en cuenta que en muchos casos estas personas son padres o madres de ciudadanos estadounidenses, que son residentes legales en Estados Unidos o que ya no tienen ningún vínculo con el país de origen.

"Manos atadas"

Los jueces de inmigración tienen las manos atadas; no hay nada que puedan hacer para proteger a las familias Alison Parker, investigadora de HRW

Desde que la ley fue aprobada, en 1997, han sido deportadas más de 650.000 personas, según cifras del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) citadas en el informe de Human Rights Watch.

La organización reconoce que la deportación de las personas que han cometido delitos es justificable en algunos casos, pero deploran el hecho de que no se les conceda a los jueces la posibilidad de considerar otros factores antes de ordenar la repatriación de un ex convicto.

"Los jueces de inmigración tienen las manos atadas; no hay nada que puedan hacer para proteger a las familias o reconocer las numerosas contribuciones que las personas no ciudadanas han hecho a sus comunidades o a la nación", dijo Alison Parker, investigadora de Human Rights Watch.

Parker considera que, tal como están ahora, las leyes de inmigración de Estados Unidos son "no solo rígidas sino también insensatas".

Armendáriz vs. USA

HRW calcula que más de un millón y medio de personas han visto desintegrarse a sus familias.

Entre los casos que documentó HRW está el de Hugo Armendáriz, un mexicano que vivió 28 años en Estados Unidos, casado con una ciudadana estadounidense y con hijos nacidos en este país. Fue deportado a México por un delito relacionado con drogas.

Armendáriz y Wayne Smith, un trinitario también deportado por drogas, están demandando al gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la base de que la ley migratoria de Estados Unidos violaría la constitución del país y varias normas internacionales.

Este viernes se llevará a cabo la primera audiencia relacionada con este caso.

Si la Corte Interamericana falla a favor de los demandantes, es probable que el sistema judicial estadounidense tenga que reconsiderar sus casos y los de cientos de inmigrantes que han cometido delitos y que esperan la deportación.

Fuera de la reforma

La modificación de las normas relacionadas con inmigrantes que han cometido delitos no fue incluida en la propuesta de nueva ley de inmigración -la llamada reforma migratoria- que consideró este año el Senado de Estados Unidos y que no logró su aprobación.

Sin embargo, sí fue introducida ante el Senado una propuesta de ley, independiente de la reforma, que permitiría a los jueces de inmigración tomar en cuenta otros elementos a la hora de decidir la deportación de alguien que haya cometido un delito.

Esta propuesta de ley podría ser considerada para el debate en el Parlamento junto a otra -conocida como DREAM Act- que permitiría a estudiantes indocumentados obtener la residencia, y una tercera que beneficiaría a los trabajadores agrícolas.