Según lo expertos, China, Rusia e India son considerados los principales productores de medicamentos adulterados.
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El juicio que comenzó en estos días a quien fuera el máximo responsable de la seguridad de alimentos y medicinas en China ha vuelto a poner sobre el tapete el problema de la falta de control en la fabricación y el comercio internacional de medicamentos.
Zheng Xiaoy está acusado, entre otros cargos, de aceptar sobornos para aprobar un sistema de certificación de medicamentos que terminó generando varias alarmas sanitarias en China.
El juicio de Xiaoy se produce en momentos en que un informe del New York Times vincula a una empresa china con la fabricación de glicerina adulterada, un hecho que ha causado la muerte de más de 50 personas en Panamá.
El caso de Xiaoy ha llevado a que el gobierno chino lance una gigantesca investigación de su industria farmacéutica para revisar las licencias de más de 170.000 medicamentos.
Si bien no existen estadísticas oficiales, los expertos señalan a China, India y Rusia como los principales productores de medicamentos falsificados.
Un problema complicado
El problema del comercio de medicinas adulteradas no es tan sencillo como a primera vista parece.
En el caso panameño, las autoridades sanitarias de ese país compraron dietilenglycol, un solvente para maquinaria automotriz y limpieza, creyendo que era glicerina pura, y lo utilizaron para fabricar medicinas y jarabes.
El cargamento de dietilenglycol, según el New York Times, salió de una empresa de dudosas credenciales ubicada en el delta del río Yangtze, en el sur de China, una zona a la que los locales llaman "el país químico".
El cargamento luego pasó por las manos de al menos tres compañías de comercio exterior antes de llegar a Panamá.
Uno de los interrogantes es si el dietilenglycol ya salió de China disfrazado de glicerina o si salió como dietilenglycol y en algún momento del recorrido le cambiaron la etiqueta para hacerlo pasar por glicerina.
Controles
Al menos 51 personas han muerto en Panamá por consumir jarabes y medicinas contaminadas con dietilenglycol.
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"Ésa es una etapa del problema. Cambiar las etiquetas de un cargamento es un fraude comercial vulgarísimo, pero no es criminal porque no implica la muerte de nadie... El comerciante internacional que miente puede tener un juicio civil, pero no va a tener un juicio penal", señaló a BBC Mundo Valerio Reggie, portavoz de la Organización Mundial de la Salud.
La otra etapa del problema, según Reggie, tiene que ver con el fabricante (en este caso el Seguro Social de Panamá).
"El fabricante debería estar chequeando la calidad de la materia prima que utiliza para fabricar su medicamento", explica Reggie.
Pero según Néstor Sosa, quien al momento de las muertes era el jefe de enfermedades infecciosas del hospital del Seguro Social de Panamá, el Seguro Social, que hoy en día ha dejado de fabricar medicamentos, nunca realizó ninguna prueba.
"No se tenía la prueba química para detectar al dietilenglycol. No se le hacía la prueba a ninguna de las materias primas, nunca se les hizo por 45 años, se confiaba en la buena fe del proveedor," dijo Sosa a la BBC.
Legislación
El problema de los medicamentos adulterados no es un tema nuevo ni tampoco afecta sólo a los países en desarrollo.
Incluso esta semana salió a luz que un medicamento que usaban algunos pacientes esquizofrénicos en el Reino Unido estaba contaminado.
El problema es que pocos países cuentan con los recursos y la infraestructura adecuados para realizar los estudios necesarios a todos los medicamentos y materias primas que se utilizan para fabricar estos.
"Si tú le compras algo a una industria y viene con un certificado que dice 99% puro, es como con uno... Si yo compro cosas en el supermercado para mi hija, no le hago pruebas. Si una de esas cosas viene envenenada, yo mato a mi hija", comenta Néstor Sosa.
Otro de los problemas es que en la mayoría de países no existe una legislación específica que califique la falsificación de medicamentos como un hecho criminal.
"Colombia es uno de los pocos países (de América Latina) que tiene una legislación bastante estricta. Brasil lo está intentando, cambió la legislación hace poco pero, sino, la situación no es brillante", concluye el portavoz de la OMS.
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Cambiar las etiquetas de un cargamento es un fraude comercial vulgarísimo, pero no es criminal porque no implica la muerte de nadie... El comerciante internacional que miente puede tener un juicio civil, pero no va a tener un juicio penal
