El 23 de junio, 62 años después, los japoneses volvieron a llorar por los muertos en Okinawa.
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La asamblea legislativa de la isla japonesa de Okinawa aprobó por unanimidad una resolución pidiendo al gobierno de Shinzo Abe que suspenda una orden para alterar en los libros de historia, episodios sobre la Segunda Guerra Mundial.
En marzo, el ministerio de Educación solicitó a varias editoriales que cambien en siete textos próximos a publicarse, pasajes que vinculan al ejército con los suicidios masivos registrados en la isla al final del conflicto bélico.
Más de 200.000 civiles se quitaron la vida, incluyendo familias enteras, tras la batalla de Okinawa en 1945 y la invasión de soldados estadounidenses.
La investigación histórica y los testigos hablan de que estas muertes fueron el supuesto resultado de la presión que el ejército japonés ejerció sobre la población, temiendo por la información que pudieran pasar a los invasores.
Algunos datos indican que el gobierno japonés de entonces montó una campaña de propaganda atemorizando a la población con supuestas atrocidades si eran detenidos por las fuerzas estadounidenses.
Las tropas japonesas -dicen algunos testigos- pasaban casa por casa entregando granadas a los residentes y ordenándoles matarse antes de manchar su honor entregándose al enemigo.
Limpiar el pasado
Los comentarios de Abe sobre la guerra produjeron molestias en Asia.
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Ésta es la segunda vez que las actuales autoridades de Okinawa protestan por la orden del gobierno central acerca de aquellos hechos ocurridos hace más de 60 años.
"Es un hecho innegable que esos suicidios masivos no hubieran ocurrido sin la participación del ejército japonés", dijo la asamblea en una resolución aprobada el mes pasado.
Según el corresponsal de la BBC en Tokio, Chris Hogg, la reacción es una muestra más del avance de elementos de derecha bajo el gobierno conservador del primer ministro Shinzo Abe, cuyo intento es "limpiar" el pasado militar del país.
El mismo Abe a comienzos de año, enfureció a varios países asiáticos, cuando puso en dudas las pruebas que acusan a soldados japoneses de haber usado a mujeres como esclavas sexuales en tiempos de guerra.