Demócratas critican decisión de Bush

Libby debe pagar una multa de US$250.000.

El partido Demócrata ha reaccionado con hostilidad ante la orden del presidente de EE.UU., George W. Bush, de condonar la pena de cárcel a la que había sido condenado Lewis "Scooter" Libby.

De acuerdo con la decisión presidencial Libby, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, no irá a prisión aunque fue condenado por perjurio y obstrucción de la justicia.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, indicó que la medida demuestra que Bush justificaba una conducta criminal.

Entrentanto, la candidata presidencial Hillary Clinton, expresó que el gobierno del presidente se considera por encima de la ley.

Libby permanecerá bajo libertad condicional y debe pagar una multa de US$250.000.

El anuncio se produjo después que un tribunal de apelaciones decidió no posponer el ingreso de Libby a la cárcel.

Orden presidencial

Según señala el corresponsal de la BBC en Washington, James Westhead, Lewis "Scooter" Libby es el funcionario gubernamental de mayor rango condenado por un delito en 20 años.

En marzo, el ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney recibió una condena de 30 meses de prisión.

Pelosi rechazó la decisión de Bush.

Libby fue sentenciado por mentir a las autoridades durante una investigación relacionada con la filtración a la prensa de la identidad de la ex agente de la CIA Valerie Plame.

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Este lunes, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos no le permitió a Libby permanecer en libertad mientras apelaba contra la sentencia que comenzaría inmediatamente.

La abrupta decisión del presidente Bush de perdonarle la pena a Libby (que el mandatario considera "excesiva") significa que el ex asesor de la Casa Blanca no irá a prisión.

La medida se produce después de una fuerte presión de los seguidores de Libby y de muchos republicanos que sienten que el ex asesor es un chivo expiatorio en el caso.

Sin embargo, según Westhead, la decisión no será popular con los estadounidenses que normalmente se oponen a la interferencia presidencial en los procesos judiciales.

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