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Martes, 3 de julio de 2007 - 03:34 GMT
Nueva ley migratoria en Arizona
José Baig
José Baig
BBC Mundo

Janet Napolitano
Janet Napolitano, gobernadora del estado de Arizona, en Estados Unidos, firmó este lunes una ley que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de las personas que contratan.

La ley fue refrendada menos de una semana después de que fracasaran en el Senado los intentos por aprobar una ley migratoria que le hubiera abierto el camino a la legalidad a unos 12 millones de indocumentados.

"Ya está más que claro que el Congreso es incapaz de proveer la ley migratoria que este país necesita", dijo la mandataria poco después de firmar el nuevo instrumento legal.

"El flujo constante de ilegales hacia nuestro estado se debe a la demanda constante por parte de algunos empleadores de mano de obra barata e indocumentada", agregó Napolitano.

Puerta de entrada

Según algunas fuentes, el estado de Arizona -que comparte la frontera más extensa con México (626 Km.), después de Texas- es una de las principales puertas de entrada para los trabajadores indocumentados.

De acuerdo con las cifras que maneja el Pew Center -un instituto de estudios hispanos- 1 de cada 10 trabajadores de Arizona no tiene sus documentos en regla.

Ya está más que claro que el Congreso es incapaz de proveer la ley migratoria que este país necesita
Janet Napolitano

La decisión de la gobernadora Napolitano generó el rechazo de algunos de sus antiguos aliados entre los empresarios, las organizaciones defensoras de los inmigrantes y el público en general.

Sin embargo, le ha significado el fuerte respaldo de otros sectores de la opinión pública. Según algunas encuestas, buena parte de los habitantes de Arizona apoya las sanciones a los empleadores para desalentar la inmigración ilegal.

La ley establece que las empresas que violen la norma una vez verán su licencia suspendida durante diez días. Si reinciden en el transcurso de los siguientes tres o cinco años pueden ver sus licencias revocadas indefinidamente.

La nueva norma entrará en vigencia a partir del año que viene, cuando los empleadores deberán verificar la documentación de sus empleados en una base de datos federal.



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