Según fuentes judiciales, Cavallo será enviado a Argentina próximamente.
La justicia española decidió este jueves no juzgar al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo por delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar entre 1976 y 1983, en favor de Argentina, a quien invita a extraditarlo.
La fiscalía de España decidió que ese país no tiene jurisdicción sobre Cavallo, quien desde hace tres años cumple prisión preventiva en una cárcel en las cercanías de Madrid.
El fallo le dio la prioridad al sistema judicial argentino -que se encuentra investigando a Cavallo por los mismos hechos- ya que estos ocurrieron en Argentina.
Hasta el momento, Argentina no ha hecho declaraciones sobre el caso.
Cavallo fue procesado por el juez español Baltarzar Garzón por sus actividades vinculadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de detención para los disidentes del régimen en el que desaparecieron 30.000 personas, según organismos de derechos humanos.
Extradición
El ex militar fue detenido en Cancún, México, en el año 2000 tras la identificación que realizaran antiguos presos políticos argentinos. Hasta ese momento, Cavallo se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos de México.
Tras los testimonios presentados por la fiscalía en aquel momento, Garzón determinó que Cavallo "participó, dirigió o conoció desde un puesto de responsabilidad y de control las acciones criminales que se produjeron en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA)" durante el último gobierno militar en Argentina.
A Cavallo, también conocido con los nombres de "Sérpico", "Miguel Ángel" y "Marcelo", le fue dictada prisión provisional en junio de 2003. Desde entonces ha permanecido tras las rejas.
En el proceso que se le siguió a Cavallo en 2003, la fiscalía lo responsabilizó por 227 desapariciones, 110 secuestros -que incluyeron torturas- y por haber privado de su libertad a 16 mujeres embarazadas cuyos hijos fueron entregados a otras familias tras su nacimiento.
Hace más de un año, en abril de 2005, la Audiencia Nacional de Madrid (la máxima instancia penal española) condenó a 640 años de prisión al también ex-militar argentino Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad cometidos durante ese mismo régimen militar. No fue encontrado culpable, sin embargo, por los delitos de genocidio y terrorismo, tal y como había solicitado la fiscalía.