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Jueves, 21 de septiembre de 2006 - 23:02 GMT
Pactan sobre tribunales militares
Guardia en campamento de prisioneros de Guantánamo
El tratamiento de prisioneros en Guantánamo ha sido objeto de críticas.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, alcanzó un acuerdo con senadores republicanos disidentes en torno a un controversial proyecto de ley que regula los interrogatorios a los sospechosos de haber cometido actos de terror.

Bush dijo que el acuerdo permitiría a su gobierno reanudar los tribunales militares, suspendidos desde junio pasado.

La semana pasada un comité del Senado apoyó una versión menos estricta de la norma, que le otorgaba mayor protección a los sospechosos.

Los senadores rebeldes habían exigido que la ley dejase en claro que la tortura de sospechosos estaba prohibida.

Avanza justicia militar

Oficina en centro de detención de Guantánamo.
Bush ha propuesto que los sospechosos por actos de terror comparezcan ante jueces militares.

El mandatario estadounidense sostuvo que el acuerdo preservaría un programa que "nos ayudará a quebrar la red de terror para salvar vidas estadounidenses".

El comité había desafiado al presidente, rechazando un proyecto de ley que implementaba los procesos penales a extranjeros sospechosos de actos de terror.

El ex secretario de Estado Colin Powell respaldó a los republicanos que se oponían a la medida patrocinada por Bush, diciendo que la comunidad internacional estaba empezando a dudar acerca de la justificación moral para la "guerra contra el terror" emprendida por Estados Unidos.

La controversia se centró en el contenido de la evidencia que puede ser vista por los detenidos, y los métodos de interrogación.

Los senadores argumentaron que las propuestas de Bush efectivamente redefinirían la Convención de Ginebra para permitir el tratamiento brusco de los detenidos recluidos en la base de Guantánamo en Cuba.

Se cree que cerca de 460 sospechosos están recluidos en el muy criticado campamento de detención.

Corresponsales informaron que probablemente se llegó a un acuerdo en parte porque una división en el partido Republicano amenazaba con dañar sus perspectivas en las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.



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