38 de los estados y el gobierno federal estadounidense permiten ejecuciones.
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El estado de California en EE.UU. se ha visto obligado a revisar su política de ejecuciones de prisioneros condenados a muerte por inyección letal.
Esto ocurre luego de que una ejecución planeada fuera pospuesta indefinidamente debido a una disputa acerca del papel de los médicos en el proceso de administrar las drogas letales.
Un asesino convicto, Michael Morales, quien lleva 25 años condenado a muerte, estaba programado para ser ejecutado este lunes a la medianoche en la cárcel estatal de San Quintín, cerca a la ciudad de San Francisco.
Sin embargo sus abogados alegaron exitosamente que debería haber anestesiólogos presentes, sosteniendo que sufriría dolor extremo debido a la mezcla de drogas en la inyección de tres partes.
Problemas éticos
La pena de muerte sigue generando controversia en Estados Unidos.
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La ejecución fue pospuesta cuando dos anestesistas nombrados por la corte se rehusaron a tomar parte, diciendo que era éticamente inaceptable.
El juez en el caso ordenó entonces un cambio en el proceso de inyección, para permitir que la ejecución procediese.
Sin embargo, dos horas antes de la hora reasignada, funcionarios de prisiones dijeron que no pudieron encontrar un profesional de la salud licenciado por el estado de California para llevar a cabo la sentencia.
Morales había sido condenado por la violación y muerte de una joven de 17 años de edad en 1981.
La inyección letal es la forma mas ampliamente utilizada de ejecución en Estados Unidos, aunque algunos estados ofrecen a los condenados la opción de alternativas como la electrocución o la cámara de gases.
Treinta y ocho de los 50 estados y el gobierno federal estadounidense permiten la pena capital.
Alivio
Michael Morales fue condenado a muerte por asesinato y violación.
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Un portavoz de la cárcel de San Quintín, Vernell Crittendon, dijo que Morales estaba aliviado por el aplazamiento.
"Se sonrió. Asintió y me dio las gracias", añadió Crittendon.
Pero la madre de Terri Witchell, la víctima de Morales, dijo sentirse "totalmente desilusionada" por los hechos.
"Hemos estado esperando 25 años con la expectativa de que va a pagar por sus crímenes", sostuvo Barbara Christian.
"Se siente como si nos hubieran dado un puñetazo en el estómago", exclamó.
Revisión
El proceso de inyecciones letales será examinado en los próximos meses.
Se busca examinar temores de que el método causa tales niveles de dolor que sería inconstitucional.
"Estamos realmente aliviados de ver que ahora tendremos una cuidadosa revisión de estos asuntos", dijo Natasha Minsker, una abogada para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), una organización de derechos humanos.
El mes pasado, la Corte Suprema suspendió la ejecución de un hombre en el estado de Florida para considerar si los químicos utilizados en las inyecciones letales violaban una prohibición constitucional a los castigos crueles e inusuales.
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