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Martes, 24 de enero de 2006 - 20:05 GMT
Vuelos secretos: claves
En los últimos meses Estados Unidos ha sido objeto de una creciente presión internacional a raíz de las numerosas acusaciones contra sus servicios de inteligencia, por presuntos abusos de los derechos humanos de algunos de sus detenidos.

Prisionero de Guantánamo
Se les acusa de mantener prisiones secretas en el extranjero, de trasladar ilegalmente a sospechosos de lo que denominan como "terrorismo" utilizando aeropuertos o espacio aéreo europeo y de "cederlos" a terceros países donde los detenidos carecen de protección legal y pueden por tanto ser torturados.

Washington asegura que todas sus operaciones tienen lugar dentro del marco de la ley, y aunque admite haber secuestrado a sospechosos y haberlos transportado a otros países para que fueran interrogados, niega haberlos enviado para que fueran torturados.

A continuación BBC Mundo expone los puntos clave de las acusaciones, las implicaciones legales y las investigaciones que se están llevando a cabo.


¿Cuáles son las alegaciones?

Las primeras acusaciones surgieron con un artículo publicado el pasado 2 de noviembre en el diario estadounidense The Washington Post, según el cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantenía a sospechosos de la red al-Qaeda detenidos en países de Europa del este, en Tailandia y en Afganistán.

El rotativo informó de que tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 se establecieron una serie de centros de detención, conocidos como "sitios negros", donde se mantenía a los detenidos.

Según el diario, unos 30 de los considerados grandes sospechosos estuvieron detenidos en estos lugares secretos y al menos 70 prisioneros más fueron cedidos a los servicios de inteligencia de otros países, entre ellos Egipto, Jordania, Marruecos y Afganistán.

Aunque The Washington Post no nombró los países europeos donde presuntamente se encontraban las cárceles secretas, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch dijo que tenía evidencias de que la CIA había transportado sospechosos capturados en Afganistán a Polonia y Rumania.

Ambos países europeos negaron las acusaciones. Tailandia también desmintió que tuviera una cárcel en su territorio.

Desde entonces, algunos medios de comunicación europeos han denunciado que la CIA utilizó varios aeropuertos del Viejo Continente para sus programas de vuelos secretos.

Gráfico de las presuntas rutas de los vuelos de la CIA


¿Qué es la extraordinary rendition?

Como parte de un proceso extremadamente secreto, las agencias estadounidenses de inteligencia envían a los sospechosos a ser interrogados por personal de las fuerzas de seguridad de otros países, en los que los detenidos ni tienen protección legal ni están amparados por la ley estadounidense.

Khaled al-Masri, un ciudadano alemán de origen libanés, fue presuntamente secuestrado por la CIA.
Algunos individuos aseguran que fueron transportados vía aérea por la CIA a países como Siria y Egipto, donde fueron torturados.

El pasado mes de agosto Human Rights Watch le solicitó a Estados Unidos que revelara los detalles de la presunta detención secreta de sospechosos en el extranjero.

La organización destacó en particular el caso de dos hombres yemeníes que dicen haber sido detenidos sin que se les presentaran cargos en su contra en prisiones estadounidenses secretas durante más de 18 meses, y denuncian que durante su encierro fueron torturados por los servicios de inteligencia jordanos.

Dos ciudadanos europeos se encuentran entre los casos más conocidos:

El primero es el del refugiado político egipcio Abu Omar, que fue presuntamente secuestrado por la CIA en Italia en 2003 y luego trasladado por avión hasta Egipto, donde supuestamente fue torturado.

Por este caso una corte en Italia emitió órdenes de arresto contra agentes encubiertos de la CIA, a quienes acusó de tomar como rehén a Abu Omar y de llevarlo secretamente a Egipto.

La fiscalía sostiene que el operativo fue parte de la política antiterrorista de Estados Unidos conocida como "rendición extraordinaria".

Otro de los casos más conocidos es el de Khaled al-Masri, un ciudadano alemán de origen libanés, que presuntamente fue raptado por la CIA en 2003 mientras se encontraba de vacaciones en Macedonia y fue llevado contra su voluntad a Afganistán, donde fue víctima de maltrato.


¿Qué dice Estados Unidos?

Tanto el gobierno estadounidense como sus agencias de inteligencia sostienen que todas sus operaciones se conducen dentro del marco de la ley.

Esposas de la cárcel de Guantánamo, EE.UU.
Según Marty, la política de "rendición extraordinaria" pudo afectar a más de 100 personas en los últimos años.
Washington no niega que haya transportado a sospechosos a otros países para que fueran interrogados, pero rechaza las acusaciones de que los detenidos hayan sido torturados.

La secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, declaró que todos los interrogadores estadounidenses están sujetos a la Convención de Naciones Unidas sobre Tortura, tanto si trabajan en Estados Unidos como si lo hacen en el extranjero.

Washington ni ha negado ni confirmado la presunta existencia de cárceles secretas de la CIA.


¿Cuáles son las implicaciones legales?

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) sostiene que la CIA ha quebrantado tanto la ley estadounidense como la internacional.

En representación de un hombre presuntamente detenido en una cárcel secreta en Afganistán, el grupo defensor de los derechos civiles está llevando a la agencia de inteligencia a los tribunales para tratar de poner fin al traslado de sospechosos de terrorismo a países fuera de las autoridad legal estadounidense.

Franco Frattini, comisario de Justicia y Seguridad de la Unión Europea
Varios funcionarios europeos dijeron que la existencia de cárceles secretas violaría la Convención Europea de Derechos Humanos.
En Europa varios funcionarios han dicho que la existencia de estas cárceles secretas violaría la Convención Europea de Derechos Humanos.

El comisario de Justicia y Seguridad de la Unión Europea, Franco Frattini, advirtió de que cualquier país que haya albergado un centro de detención ilegal de la CIA en su territorio podría ver suspendido su derecho de voto como consecuencia.

Asimismo, varios expertos legales le dijeron al diario The Washington Post que las prácticas de internamiento de la CIA son consideradas ilegales bajo el marco legal existente en los presuntos países huéspedes, según el cual los detenidos tienen derecho a un abogado o a defenderse de alegaciones.

Por su parte, Human Rights Watch sostiene que Estados Unidos viola la leyes internacionales al retener a sospechosos de terrorismo en localidades secretas, sin acceso a un abogado o sin contacto con sus familiares.


¿Quién está investigando qué?

El Consejo de Europa, el órgano europeo que vela por los derechos humanos, encomendó al senador suizo Dick Marty el liderazgo de una investigación sobre las alegaciones contra Estados Unidos.

Dick Marty, parlamentario suizo
Marty cree que los gobiernos europeos estaban probablemente al tanto de la existencia de los vuelos "secretos" de la CIA.
Marty, quien inició la investigación el pasado mes de noviembre, reportó ante el Consejo que había evidencia "creíble" de que Estados Unidos había secuestrado y trasladado ilegalmente a sospechosos a través de las fronteras europeas.

El parlamentario suizo instó a Estados Unidos a confirmar o negar las acusaciones y advirtió a los Estados europeos que, de confirmarse su implicación, estarían incumpliendo gravemente sus obligaciones de respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con las conclusiones de su informe preliminar, Marty declaró ante el Consejo de Europa que los gobiernos europeos estaban probablemente al tanto de la existencia de los vuelos "secretos" de la CIA.

A título individual, varios países europeos, entre ellos España, Suecia e Islandia, están investigando las presuntas escalas secretas que los aviones de la CIA hicieron en sus respectivos territorios como parte del traslado internacional de sospechosos.

Y varias naciones europeas han planteado el tema unilateralmente con Washington.

En Estados Unidos, el Senado instó a John Negroponte, director nacional de Inteligencia, a presentar un informe sobre las alegaciones.



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