Miles han huido de sus hogares debido a la violencia de las milicias en Bunia.
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La organización Human Rights Watch denunció la brutalidad vinculada a la explotación de reservas de oro en zonas en conflicto en el oriente de la República Democrática del Congo.
Milicias étnicas, grupos armados congoleses, gobiernos de países vecinos y empresas internacionales han hecho caso omiso de abusos cometidos en el afán por conseguir el metal precioso, según la organización con sede en Nueva York.
Los combates más cruentos en el conflicto congolés y los casos más sonados de abusos de la población civil se han registrado cerca de Bunia, en el distrito de Ituri, donde se encuentra una de las minas de oro más ricas de África.
Tropas ugandesas y ruandesas y varios otros grupos armados se han disputado el control de la zona.
Un residente local dijo a Human Rights Watch que "cada vez que cambiaba el grupo armado, lo primero que hacían era empezar a buscar oro".
Trabajo forzado
El informe ofrece detalles de abusos como violaciones sexuales, ejecuciones sumarias, matanzas étnicas y casos de trabajo forzado en las minas.
Algunas armas han sido entregadas, pero muchas siguen circulando.
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Por otro lado se desatendieron normas de seguridad básicas. En uno de los casos los mineros recibieron órdenes de demoler columnas de roca que sostenían el techo de una mina para extraer oro. Unos 100 mineros murieron al colapsar la estructura.
Los autores del informe reconocen que algunos oficiales del ejército de Uganda y Ruanda ocasionalmente trataban de frenar algunos de los peores excesos de las milicias locales, pero nadie ha sido procesado por ninguno de los abusos o masacres.
El informe también critica a las más conocidas empresas mineras de África.
Ashanti Goldfields, posteriormente conocida como AngloGold Ashanti, logró su concesión minera en Mongbwalu del gobierno en Kinshasa.
Oro en zona de conflicto
Sin embargo la empresa inició sus operaciones cuando la zona estaba fuera del control gubernamental y era dominada por el grupo armado
FNI, señalado como el autor de varios actos de brutalidad.
La compañía niega haber llegado a cualquier acuerdo con el FNI, pero sí reconoció ante los investigadores de Human Rights Watch que en una ocasión pagó US$8.000 al grupo en respuesta a amenazas contra su personal y sus instalaciones.
Human Rights Watch denunció que la decisión de AngloGold Ashanti de trabajar en una zona donde imperaban la violencia y los conflictos colocó a la empresa "en el delgado borde de las prácticas empresariales éticas y responsables".
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