La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno para transferir al sospechoso de cometer actos terroristas José Padilla desde la custodia militar a la civil para enfrentar cargos criminales.
José Padilla estuvo detenido casi cuatro años sin que se presentaran cargos contra su persona.
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La decisión anuló el dictamen de un tribunal que había intentado impedir la transferencia.
Padilla, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, fue arrestado y puesto bajo custodia militar en mayo de 2002 sin que se presentaran cargos contra su persona.
En diciembre, la corte de apelaciones acusó al ejecutivo de intentar evitar un escrutinio legal completo del caso de Padilla al solicitar su transferencia a otro tribunal.
Pero los abogados del gobierno le dijeron a la Corte Suprema que el hecho de que se hubiera negado la transferencia era "un ataque injustificado al ejercicio de la discreción ejecutiva".
Según los corresponsales, la decisión es una victoria temporal para el gobierno de George W. Bush, que buscaba impedir que los activistas de derechos humanos usaran el caso para poner a prueba la fortaleza legal de la legislación antiterrorista.
La "bomba sucia"
Padilla, de 35 años y ex miembro de una pandilla de Chicago, se convirtió al Islam mientras cumplía una sentencia en prisión por homicidio y adoptó el nombre de Abdullah al-Muhajir (Abdula el inmigrante).
Según el gobierno estadounidense Padilla viajó a Pakistán y Afganistán para recibir instrucción de combate en campos de la red al-Qaeda.
Inicialmente fue acusado de planificar un atentado contra EE.UU. con un mecanismo radioactivo o "bomba sucia".
Sin embargo, en noviembre fue acusado de planificar una "jihad violenta" contra EE.UU., financiando el entrenamiento de potenciales atacantes en el exterior.
En esta ocasión no fue mencionada la "bomba sucia" entre los cargos que finalmente fueron presentados tras casi cuatros años de detención.
Ahora deberá responder en Florida a las acusaciones de que era miembro de una célula encargada de proporcionar dinero y reclutas para operaciones en el exterior.
Los abogados de Padilla solicitaron a la corte que realice una profunda investigación sobre el caso en particular y sobre la política estadounidense de detención de los considerados "enemigos combatientes" sin juicio previo.
Estados Unidos califica de "enemigo combatiente" a los que se enfrentan a sus fuerzas y no pertenecen a un ejército regular, motivo por el cual no tienen la protección de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra.