En España, varios alcaldes han afirmado que no casarán a parejas homosexuales, luego de que la semana pasada el Congreso de Diputados aprobara un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitirles la adopción de menores.
La ley que permite los matrimonios gay aún debe ser aprobada por el Senado.
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Mientras el edil de Pontons, en Cataluña, Lluis Fernando Caldentey, describió la legislación como "inmoral", su homólogo de Valladolid, Javier Léon de la Riva, indicó: "Incluso si la ley me habilita para casar a homosexuales, no ejerceré esa facultad ni delegaré esa competencia".
Aunque aclaró que tiene estudiar la legislación -que aún debe ser votada por el Senado-, León de la Riva recordó que en España "existe la cláusula de objeción de conciencia".
Según dijo, si bien no está en contra de que las parejas gay tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, la unión de personas del mismo sexo "no puede ser llamado matrimonio".
La prensa española informó que al menos otros dos alcaldes han criticado duramente el proyecto de ley.
Pero ya antes de que se difundieran estas críticas, la vice primer ministra de España, María Teresa Fernández, había advertido que todos en el país tendrán que cumplir con lo que establecen las normas.
"Desobediencia civil"
El proyecto también ha causado gran controversia en círculos religiosos.
En una entrevista concedida al canal de televisión español TV3, el cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, dijo refiriéndose a la obligatoriedad de los funcionarios de celebrar bodas homosexuales que "obedecer antes la ley que la conciencia lleva a Auschwitz".
"Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que debía obedecer primero las leyes del gobierno nazi que a su conciencia", señaló Carles.
"Los alcaldes tienen una situación privilegiada, no están obligados y pueden delegar, pero los funcionarios, los jueces, no pueden delegar", agregó.
Por su parte, el obispo de Segorbe-Castellón, Juan Antonio Reig Pla, instó a la "desobediencia civil" a los alcaldes que no quieran casar a homosexuales.