El referéndum español es consultivo y no vinculante.
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España es el primer miembro de la Unión Europea (UE) en someter la Constitución del bloque a un referéndum. Aunque este país llegó hace apenas un cuarto de siglo a su propia Carta Magna e ingresó hace sólo dos décadas a la UE, la consulta popular del domingo 20 de febrero lo coloca a la cabeza del proceso de aprobación.
La Constitución Europea se elaboró para enfrentar los retos de una UE ampliada, actualmente con 25 Estados.
Si los 25 la aprueban, será válida para los 450 millones de ciudadanos europeos y compatible con las respectivas constituciones nacionales.
Dilema español
El referéndum español es consultivo y no vinculante. Su realización es por lo tanto una decisión política.
"Lo que parece que ha querido el actual Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es movilizar a la ciudadanía para que no se repita lo ocurrido en las últimas elecciones europeas, cuando votó sólo el 44% de los españoles, es decir una apatía hacia los temas europeos", explica a BBC MUNDO José María de Areilza, profesor de derecho comunitario y vicedecano del Instituto de Empresa en Madrid.
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Yo creo que le puede salir el tiro por la culata, porque por desgracia las previsiones de participación son mucho más bajas
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"Yo creo que le puede salir el tiro por la culata, porque por desgracia las previsiones de participación son mucho más bajas", añade.
Efectivamente, los partidos políticos y los expertos manejan una cuota de 30%. Areilza predice que "será una consulta ensombrecida por una falta de aceptación social del propio mecanismo de consulta".
Aunque más de un 60% de los españoles respalda la idea de la nueva Constitución, una inmensa mayoría admite desconocer su contenido.
El resultado podría ser precisamente una participación mínima en el referéndum.
En cualquier caso la Constitución será votada por el Parlamento español.
Voces escépticas
Quienes en España piden el "No" en el referéndum no se oponen a la integración europea, sino a la propuesta actual de su codificación.
Es decir, temen que se consagre una "política económica neoliberal" o que se descuiden aspectos de la protección al medio ambiente y al desarrollo sostenible.
Quienes abogan por el "Si" destacan que es precisamente la prosperidad económica la que abre las puertas a las políticas sociales.
Los expertos subrayan como una de las principales ventajas que la UE se construye partiendo de la diversidad y de su respeto, es decir, que "no es una Unión Europea homogenizadora ni uniformizadora", dice Areilza.
Los mismos defensores de la Constitución no se engañan y reconocen el difícil equilibrio que supuso su elaboración para satisfacer a 25 países.
Aunque el propio sistema institucional se agilice, se mantendrán numerosos vetos en manos de los Estados, como la política exterior, la seguridad social o la fiscalidad.
Optimismo
Si falla este proyecto podría iniciarse un retroceso en la integración europea.
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Se parte de una aprobación de la Constitución que entraría en vigor el 1 de noviembre de 2006. Pero los expertos señalan que no se debe evitar una valoración política del peso que adquiera quienes se oponen a ella.
Después de todo, "el 80% de lo que tenemos ahora se mantiene en la Constitución y al votar sobre ella también estamos votando sobre mucho de lo conseguido, estaremos uniendo a un proyecto una realidad", explica José María de Areilza.
Por lo tanto, si falla este proyecto, las voces más euroescépticas cuestionarán parte de esta realidad, y podría iniciarse un retroceso en la integración europea.
Arielza confirma esta posibilidad con un simple hecho: considerado improbable un rechazo, "no hay Plan B".