El gobierno pretendía recuperar el dinero gastado en la atención de fumadores enfermos.
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Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó este viernes una multimillonaria demanda gubernamental contra varias compañías manufactureras de tabaco por presunta conspiración para defraudar al público.
El proceso involucraba un reclamo por US$280 mil millones contra un grupo de importantes compañías, entre las que se encuentran las empresas Philip Morris USA, R.J. Reynolds, Liggett, Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvió -por dos votos contra uno- que la Ley Federal no habilita la penalización monetaria que pretende el gobierno como devolución por el dinero gastado en los últimos 50 años en el tratamiento de fumadores enfermos.
"La restitución no es un remedio disponible bajo la ley; pero aún cuando fuera posible, el caso del gobierno no pasa la prueba de una restitución permisible que pueda prevenir y evitar futuras violaciones", afirma el juez David Sentelle en su dictamen.
Los cargos contra las tabacaleras habían sido presentados en 1999 en base al Acta sobre Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado, una normativa inicialmente creada para luchar contra la mafia.
Según las autoridades, los directivos de las empresas se reunieron en un hotel de Nueva York en 1953 y acordaron una estrategia para engañar al público sobre la adicción y el daño a la salud producidos por la nicotina.
Las compañías han sostenido en su descargo que en el pasado desconocían los efectos nocivos del tabaco.
Reacción bursátil
Apenas conocido el fallo, las acciones de la mayoría de las compañías afectadas por la demanda experimentaron un importante aumento en sus cotizaciones.
El principal índice de la Bolsa de Comercio de Nueva York, el Dow Jones, respondió en consecuencia revirtiendo la caída experimentada tras las operaciones del día anterior.
Las tabacaleras sotienen que en el pasado no estaban al tanto de los efectos nocivos del cigarrillo.
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Desde hace unos diez años las empresas han comenzado a admitir que el cigarrillo es nocivo para la salud, pero sostienen que los argumentos brindados en el pasado, respecto a que el fumar no era perjudicial, fueron presentados en buena fe.
El argumento del gobierno sostenía que, a pesar de la evidencia científica, las tabacaleras elaboraron un esquema "para preservar e incrementar las ganancias de la industria maximizando el número de fumadores".
De cualquier manera, la mayoría del tribunal entendió que la ley federal antimafia no proveía la compensación pretendida por el gobierno.
La resolución de la Corte de Apelaciones no impide, sin embargo, que el gobierno encare nuevas acciones o imponga nuevos límites a la comercialización y la publicidad de los productos derivados del tabaco.
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La restitución no es un remedio disponible bajo la ley; pero aún cuando fuera posible, el caso del gobierno no pasa la prueba de una restitución permisible que pueda prevenir y evitar futuras violaciones
