Decenas de miles de personas marcharon en la capital española, Madrid, para protestar contra los planes del gobierno de legalizar los matrimonios de personas del mismo sexo.
En la marcha hubo miembros de la Iglesia Católica y del Partido Popular.
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La manifestación fue organizada por la organización católica El Foro de la Familia y contó con el apoyo del conservador Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición.
En la marcha, encabezada por una pancarta que decía "La familia sí importa", estuvieron presentes el secretario general del PP, Ángel Acebes, y cerca de 20 obispos de la Iglesia Católica.
Manifestantes de toda España fueron trasladados en ómnibus hacia Madrid para participar en la protesta.
El recorrido comenzó a las 17:00 GMT en la Plaza de Cibeles y culminó en la Puerta del Sol con la lectura de un comunicado en el que se exigió al gobierno que retire el proyecto de ley.
Los manifestantes, muchos de ellos acompañados por sus hijos, dijeron que querían defender lo que consideraban los derechos de la familia tradicional.
Horas antes de la protesta, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) había leído un manifiesto ante los medios de comunicación en apoyo a la norma y convocado a una marcha del orgullo gay para el 2 de julio.
La policía dijo que 160.000 personas participaron en la marcha, mientras que los organizadores hablaron de medio millón.
Debate
En abril, el Congreso de Diputados aprobó un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitirles la adopción de menores.
La ley fue aprobada por los diputados y actualmente es debatida en el Senado.
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La iniciativa cuenta con el apoyo del gobernante Partido Socialista (PSOE), de los independentistas catalanes y otros grupos minoritarios como Izquierda Unida.
El proyecto se debate actualmente en el Senado y el gobierno espera su aprobación para el 30 de junio.
La Conferencia Episcopal Española ha calificado la norma de "radicalmente
injusta y perjudicial para el bien común".
Mientras que los sectores que la defienden han acusado a la iglesia española de interferir en la política y promover la discriminación.
De ser sancionada la ley, España se convertiría en el tercer país europeo que legaliza las uniones gay, después de Bélgica y Holanda.
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