EE.UU. nunca ratificó el Tratado que sentó las bases de la Corte Penal Internacional.
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Estados Unidos abandonó este miércoles su intento de renovar la inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) para sus ciudadanos, civiles o militares, que colaboran en las operaciones de paz de las Naciones Unidas (ONU).
Washington, como en dos años anteriores, había presentado un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad para que durante 12 meses no pueda ser "investigado ni enjuiciado" en la CPI ningún ciudadano estadounidenses que participe en una misión de paz.
Estas excepciones siempre fueron muy criticadas, pero este año EE.UU. tuvo grandes problemas para lograr los votos necesarios debido al escándalo por los abusos de prisioneros iraquíes en manos de soldados estadounidenses en la cárcel de Abu Ghraib, cerca de Bagdad.
Incluso el secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que sería "desafortunado" que el Consejo aprobara esta medida.
Nada cambia
La Corte Penal Internacional, que entró en vigor en julio del 2002, se estableció para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el genocidio, asesinato, tortura, rapto, deportación y esclavitud.
Washington no firmó el tratado por el que se creó el tribunal internacional y su decisión de no solicitar una nueva prórroga a su inmunidad no implica que vaya a reconcer a la CPI, como bien dejó en claro el viceembajador estadounidense ante la ONU, James Cunningham.
"Estados Unidos sigue rechazando que los ciudadanos de países no firmantes del Tratado de Roma (por el que se creó la CPI) puedan ser sometidos a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional".
El gobierno estadounidense alega que este tribunal puede ser utilizado para fines políticos.
Los expertos legales sin embargo, insisten en que el propio Tratado de Roma evita esa persecución porque sólo entra en efecto la Corte en caso que el propio país no tenga un proceso legal para perseguir los delitos.
Pero esto no basta para Washington, que además ha firmado acuerdos bilaterales con 89 de los 94 países que han ratificado el Tratado de Roma, para evitar la persecución de sus soldados por las acciones que estos cometan en otros países.
Hubo dos sin tres
La primera vez que EE.UU. pidió esta inmunidad fue en el 2002 y ya desde entonces su pedido ocasionó una gran controversia.
El escándalo de los prisioneros de Abu Ghraib contribuyó a que creciera el rechazo a la inmunidad de EE.UU.
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Sin embargo, pese a la polémica, Washington logró su cometido porque amenazó con vetar la continuidad de las misiones de paz de la ONU si no le otorgaban esa condición.
Un año más tarde, en 2003, Washington volvió a pedir la renovación de la exención por doce meses más, en medio de las tensiones por la invasión de Irak, y logró de nuevo la inmunidad para sus soldados, pese a las abstenciones de Francia y Alemania.
Esta resolución expira este 30 de junio y los diplomáticos estadounidenses habían tratado de llegar a un compromiso e incluso habían prometido que sólo pedirían la excepción para un año más, sin posibilidad de más prórrogas.
Para que una resolución sea aprobada por el Consejo se necesitan al menos nueve votos afirmativos y que ninguno de los cinco miembros permanentes -EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y China- ejerza el derecho a veto.
Sin embargo, ante la falta de apoyo, decidieron retirar su petición para una nueva resolución.
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Estados Unidos sigue rechazando que los ciudadanos de países no firmantes del Tratado de Roma (por el que se creó la CPI) puedan ser sometidos a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional
