La Corte de Suprema de Justicia
comenzó a analizar la demanda interpuesta por organizaciones ambientalistas contra el vicepresidente Dick Cheney para que haga públicos los nombres de los empresarios consultados por la Casa Blanca para la elaboración del proyecto de política energética en 2001.
La demandada podría afectar la aspiraciones de Cheney a ser reelegido Vicepresidente.
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Según los demandantes, la organización conservadora Anticorruption Judicial Watch y la organización de protección del medio ambiente Sierra Club, este proyecto favorece claramente a las grandes compañías energéticas.
Asimismo exigen que Cheney publique la lista de personas con las que se
reunió para preparar ese proyecto, pues insisten en que le dio preferencia a los industriales y empresas que apoyaron la campaña presidencial de George W. Bush, en perjuicio de los grupos ambientalistas.
"La pregunta es qué sucedió en esos encuentros", señaló Alan Morrison,
abogado de Sierra Club fuera de la Corte Suprema.
Según Morrison, la iniciativa presentada por el gobierno es muy similar a lo que las empresas querían, e insiste que los documentos que la Casa Blanca se niega a divulgar podrían comprobarlo.
"El vicepresidente privilegió a los industriales y recompensó a las empresas que ayudaron financieramente al Partido Republicano", aseguró.
¿Impedido?
El caso además ha despertado mucho interés porque Sierra Club había pedido al juez Antonin Scalia, uno de los miembros de la Corte, que se eximiera, luego de que trascendiera que estuvo cazando patos con Cheney.
Scalia se negó a hacerlo, lo que causó bastante controversia. "Ellos quieren que nadie sepa nada aquí. Lo que están promoviendo es un imperio presidencial que no veíamos desde los trágicos días de Watergate", comentó por su parte David Bookbinder, director legal de Sierra Club, a una cadena de televisión estadounidense.
Pero para la Casa Blanca, el problema es otro, ya que opina que debe
existir una clara división de poderes e insiste en que la presentación obligatoria de documentos confidenciales interferiría con el poder del ejecutivo de recibir un consejo veraz.
"Este es un caso típico de separación de poderes... El ejecutivo se
reserva el derecho de ser asesorado y tomar decisiones, sin tener que
revelar cada detalle de sus gestiones", señaló el abogado del gobierno, Ted
Olson durante su comparecencia en la Corte.
Según Olsen, si las demandas fueran aceptadas ello desataría una ola de
pedidos de aquellos que reclaman información "cada vez que el presidente se reúne con alguien".
Decisión
Uno de los demandantes es la organización ambientalista Sierra Club.
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Se espera que la Corte tome una decisión para julio, unos meses antes de los comicios presidenciales de noviembre en los que Bush y Cheney se juegan la reelección.
Si el Tribunal Supremo da la razón a los grupos ambientalistas y ordena
divulgar los documentos, podría ser contraproducente para la Casa Blanca pues ésta no es la primera vez que Cheney se encuentra en medio de la
polémica.
El vicepresidente, antes de llegar a la Casa Blanca, estuvo a cargo de la
compañía Halliburton, que se adjudicó muchos de los contratos en Irak tras
la guerra.
Esto produjo muchas criticas, que aumentaron después de que una auditoria del Pentágono señalara que esta compañía había inflado los
precios del combustible que le vendió a las tropas estadounidenses en el
país árabe.
Las acusaciones que fueron negadas por la empresa.
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El vicepresidente privilegió a los industriales y recompensó a las empresas que ayudaron financieramente al Partido Republicano
