La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos comenzó a analizar este
martes la legalidad de las detenciones por tiempo indefinido de prisioneros en Guantánamo, la base estadounidense en Cuba.
EE.UU. mantiene más de 600 hombres presos sin derecho a defensa legal ni visitas de familiares.
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Lo que los magistrados deberán decidir es si los prisioneros tienen o no derecho a presentar sus casos en los tribunales estadounidenses.
Pero, según resaltaron los analistas, lo importante es que este caso pondrá a
prueba la estrategia legal que ha adoptado el presidente George W. Bush en
la llamada "guerra contra el terrorismo".
Según explicó Reed Brody, abogado de la organización de defensa de los derechos
humanos Human Rights Watch, lo que está en juego en estas audiencias son los límites al poder
presidencial.
"¿Qué control va a ejercer el poder judicial en la guerra contra el
terrorismo? Ésa es la pregunta que van a responder", señaló Brody. "Le van a decir al presidente: 'usted tiene todo el control y puede decidir lo que es mejor para la guerra contra el terrorismo', o le van a decir, 'usted
tiene todo el derecho a defender la seguridad del país, pero el poder
judicial va a controlar la legalidad de estas medidas'", agregó.
600 detenidos de 40 países
En este momento se calcula que hay unos 600 hombres de unas 40
nacionalidades detenidos en Guantánamo.
Algunos han estado encarcelados por más
de dos años en la base estadounidense, sin acceso a abogados o a su familia.
Según el gobierno de Bush, estos prisioneros "combatientes enemigos" no reciben los derechos que brinda el estatus de "prisionero de guerra" estipulado por la convención de Ginebra.
Esto es precisamente lo que critican las organizaciones de derechos humanos. "Esperamos que la Corte Suprema ponga fin al oscuro agujero legal al que han
lanzado a los detenidos de Guantánamo para asegurar la justicia para ellos y
sus familias", indicó, por ejemplo, Amnistía Internacional.
Prisioneros especiales
La Corte Suprema debe decidir si los prisioneros pueden presentar sus casos en tribunales de EE.UU.
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Sin embargo, en la presentación legal hecha por el Departamento de Justicia
ante la Corte Suprema, el fiscal general Theodore Olson argumenta que las
detenciones son legales porque "los soldados estadounidenses y sus aliados
aún participan de un conflicto armado contra un enemigo sin principios, no
convencional y salvaje".
Los funcionarios insisten además en que los detenidos no son "cualquier tipo
de prisioneros" sino presuntos miembros de al-Qaeda, la organización que
Washington considera como responsable de los atentados del 11 de septiembre
de 2001.
Pero para grupos como la Asociación Nacional de Abogados, quién
organizó este martes una protesta frente a la Corte Suprema, el gobierno
no debería utilizar la "guerra contra el terrorismo" para violar derechos
civiles.
"Guantánamo representa el ejemplo más claro de cómo el gobierno ha
sobrepasado sus poderes constitucionales", señaló Heidi Boghosian, directora
ejecutiva de la asociación.
Este martes la Corte Suprema analizó las apelaciones interpuestas por los
familiares de 12 kuwaitíes y dos australianos en Guantánamo, pero además el tribunal estudiará, el próximo 28 de abril, el caso de dos estadounidenses
recluídos en una base naval en Charleston.
Se trata de José Padilla, arrestado en Chicago en mayo de 2002 y quien hasta el momento no enfrenta cargos formales, y de Yaser Hamdi, nacido en Luisiana y detenido en el 2001 en Afganistán.
Según los analistas, una vez concluidas las audiencias orales, la Corte tardará entre cinco y seis meses para dictar sentencia.
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Guantánamo representa el ejemplo más claro de cómo el gobierno ha
sobrepasado sus poderes constitucionales
