En Estados Unidos, grupos de defensa de los derechos civiles afirmaron que los dictámenes de dos tribunales de apelaciones, el jueves, constituyen un desafío directo a la forma en que el gobierno del presidente George W. Bush ha decidido interrogar a quienes califica de sospechosos de terrorismo.
La Cruz Roja ha criticado el trato a los prisioneros en Guantánamo.
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En ambos casos, los tribunales llegaron a la conclusión de que el gobierno estadounidense no tiene derecho a detener a sospechosos sin darles acceso a abogados.
El director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, Anthony Romero, dijo que los dictámenes demuestran que el presidente no está por encima de la ley.
Como respuesta, el Departamento de Justicia manifestó que EE.UU. se encuentra en medio de una guerra y que el Presidente debe tener la autoridad de actuar para salvar vidas.
Diversos analistas jurídicos señalan que ahora el Tribunal Supremo tendrá que decidir qué estatus legal tienen los sospechosos de terrorismo en el país.
Guantánamo
El jueves un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, deben tener acceso a abogados y al sistema de justicia estadounidense.
El tribunal dijo que su detención era contraria a los ideales de EE.UU. y no aceptó que el gobierno tuviese "autoridad sin obstáculos".
El dictamen se basó en el caso de un ciudadano libio capturado en Afganistán y detenido en Guantánamo.
El gobierno del presidente George W. Bush sostiene que los cautivos no pueden gozar de los derechos de prisioneros de guerra bajo las normas internacionales porque son "combatientes ilegales".
Aproximadamente 660 personas están presas en la base bajo esa condición y diversos grupos de defensa de los derechos humanos y organizaciones internacionales han criticado el trato que se les da.
Caso Padilla
El fallo del tribunal federal de apelaciones se produjo el mismo día en que otra corte estadounidense dictaminó que no se puede detener a un ciudadano de ese país como "enemigo combatiente" por orden presidencial.
Esta corte decidió que José Padilla, un estadounidense musulmán acusado de conspirar con al-Qaeda para hacer estallar una "bomba sucia", debe ser liberado por las autoridades militares o puesto bajo la jurisdicción civil.
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A pesar de que los ataques del 11 de septiembre fueron terribles, no provocaron la revocación de la Constitución de Estados Unidos
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Padilla fue arrestado por orden presidencial en mayo de 2002 y no se le ha permitido hablar con su familia o con abogados.
Al inicio de la audiencia, una de las jueces, Rosemary Pooler, expresó que "a pesar de que los ataques del 11 de septiembre fueron terribles, no provocaron la revocación de la Constitución de Estados Unidos".
"Enemigo combatiente" es una denominación utilizada generalmente para prisioneros de guerra, que pueden ser retenidos sin proceso o acceso a una defensa legítima.
Se cree que Padilla es el único ciudadano de EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial en ser arrestado por orden presidencial bajo esta calificación.
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