Las autoridades estadounidenses investigan los servicios ofrecidos por la UBS entre 2000 y 2007.
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El gobierno de Estados Unidos le pidió a un tribunal federal que permita investigar a la Unión Bancaria Suiza (UBS) por acusaciones de que a través de cuentas extraterritoriales ayuda a los ricos a evadir impuestos.
El departamento de Justicia quiere que la entidad bancaria revele los nombres de algunos de sus clientes estadounidenses adinerados que habrían abierto cuentas en el extranjero para eludir el pago de contribuciones.
Los estadounidense están obligados a informar al Servicio de Rentas Internas sobre sus cuentas en el extranjero si los depósitos superan los US$10.000.
La solicitud gubernamental hecha a un tribunal de Florida es parte de un proceso general de investigaciones de los servicios bancarios ofrecidos por la UBS en Estados Unidos entre 2000 y 2007.
Mal momento
La periodista de la BBC en Nueva York Michelle Fleury informa que el escándalo no puede desatarse en un peor momento para la UBS.
"Ningún otro banco europeo ha sido más afectado por su exposición a la crisis crediticia de Estados Unidos", dice Fleury.
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La USB se toma este asunto con mucha seriedad y está trabajando diligentemente con las autoridades suizas y estadounidenses
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Las complicaciones para el banco se agudizaron cuando a principios de mes un ex ejecutivo de la institución admitió haber ayudado a varios clientes a evadir impuestos.
Bradley Birkenfeld reconoció ante un juez federal haber viajado entre Estados Unidos y Europa entre 2001 y 2006 para ayudar a sus clientes a burlar al fisco.
Birkenfeld admitió que sus clientes dejaron de abonar más de US$7 millones en impuestos debido a que se ocultaron más de US$200 millones en una elaborada red de fraude.
Un comunicado del banco expresa: "La USB se toma este asunto con mucha seriedad y está trabajando diligentemente con las autoridades suizas y estadounidenses, en consonancia con las leyes suizas y los marcos legales de la colaboración y la asistencia intergubernamental".
Medios de prensa de Estados Unidos sugieren que hasta 20.000 ciudadanos de ese país podrían estar involucrados en el escándalo.
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