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Viernes, 5 de octubre de 2007 - 04:47 GMT
Correa sorprendió a las petroleras
Redacción BBC Mundo

Rafael Correa en rueda de prensa en Quito el 4 de octubre anunciando el decreto
Para Correa, es insuficiente que el estado reciba el 50% de las ganancias extraordinarias.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó un decreto que reduce drásticamente los ingresos de las compañías petroleras extranjeras en concepto de ganancias extraordinarias.

Con esto, se pone fin al reparto equitativo de los excedentes entre el estado y las trasnacionales.

Así, el estado ecuatoriano recibirá el 99% de las ganancias por los ingresos extraordinarios que están percibiendo las petroleras debido a los altos precios del crudo.

Desde 2006, el acuerdo era repartirse los ingresos en partes iguales.

Correa afirmó que la medida es parte de la política de su gobierno, el cual busca recuperar la soberanía energética.

"Estamos poniendo punto final a las pérdidas extraordinarias", explicó Correa.

"El gobierno de la revolución ciudadana considera que es insuficiente que el estado ecuatoriano reciba el 50% de las ganancias extraordinarias de los contratos de participación, como sucedía en años anteriores", señaló el mandatario.

Indicó que, con el decreto, se elimina la antigua distribución "inadmisible" de los ingresos petroleros extraordinarios, pues de cada 100 barriles de petróleo extraídos en Ecuador, "para el país quedaban apenas entre 46 y 48 barriles".

"Impuesto confiscatorio"

Petrobras, Repsol-YPF, Perenco, Andes Petroleum y City Oriente deberán adecuarse a esta nueva política de participación ordenada por el presidente Correa.

La medida fue recibida con sorpresa por las petroleras. El ex ministro de energía, Fernando Santos, que asesora a algunas trasnacionales, afirmó que el decreto es ilegal.

Se ha violado el derecho internacional que prohíbe la discriminación a las compañías extranjeras
Fernando Santos, ex ministro de energía de Ecuador

"Se ha violado el derecho internacional que prohíbe la discriminación a las compañías extranjeras (...). Es un impuesto confiscatorio, prohibido por el derecho internacional, por la Constitución y por los contratos".

Agregó que "es una medida muy similar a la que tomó Fidel Castro en 1960 contra las compañías petroleras extranjeras".

Para Santos, "el mensaje que se lanza al mundo es que el Ecuador se ha puesto en el mismo plano que Cuba y es un enemigo declarado de la industria petrolera privada. Con este impuesto, las compañías tendrán que trabajar a pérdida y eso no van a aceptar".

El ministro de Petróleo de Ecuador, Galo Chiriboga, negó que esta medida implique la nacionalización del sector petrolero, que produce un poco más de 500 mil barriles diarios de crudo.

En todo caso, la medida del presidente es vista por los observadores como una solución a los altos subsidios estatales sobre los precios de los combustibles y la puesta en marcha de una serie de planes sociales que están significando gastos extraordinarios para el fisco.

Se cree que, como consecuencia del decreto, Ecuador recibirá cerca de US$700 millones adicionales por año.



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