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Jueves, 17 de agosto de 2006 - 18:57 GMT
Un alto a la nacionalización
Mery Vaca
Mery Vaca
Bolivia

Silueta de hombre junto a tanque de gas en Bolivia
Bolivia es uno de los principales productores de gas natural en el continente.

La oferta estrella del presidente boliviano Evo Morales está en suspenso por ahora.

Se trata de la nacionalización de los hidrocarburos que, según lo admitió el propio gobierno, no ha avanzado en tres meses y medio de vigencia.

El 1 de mayo de este año, Morales traspasó la propiedad del gas boliviano al Estado y puso un plazo de dos meses para la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada de tomar el control de la cadena hidrocarburífera.

Esa tarea, así como otras del proceso, fue incumplida.

El Ministerio de Hidrocarburos, a través de un comunicado, informó que "la plena vigencia de la participación de YPFB en toda la cadena productiva de los hidrocarburos (...) está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos de la empresa estatal".

La tardanza en la nacionalización derivó en una interpelación al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, quien estuvo a punto de ser censurado por la oposición en el senado la noche de este miércoles.

Retrasos

Evo Morales
Morales prometió distribuir mejor la riqueza de los hidrocarburos.

El jefe de la bancada de oposición en el senado, Oscar Ortiz, declaró a BBC Mundo que con el acto interpelatorio ha quedado demostrado que "no se ha ejecutado el proceso de nacionalización, todos los puntos están atrasados".

En su defensa, el ministro Soliz consideró que no se puede pretender que "todo este pasado sea resuelto en siete meses de gobierno y tres meses y medio de vigencia del decreto de nacionalización".

Agregó que "si hubiera cohesión y unidad en los bolivianos podríamos ejecutar muy rápidamente".

Hay varias tareas que están retrasadas.

La refundación de YPFB, que implica la toma de control del negocio gasífero, debió concluir hace mes y medio, pero está oficialmente paralizada por falta de dinero.

Para lograr este objetivo, el gobierno gestiona US$180 millones ante el Banco Central de Bolivia, aunque, las limitaciones legales están obligando a buscar otras alternativas.

La situación es tan crítica que, mientras el Gobierno no consiga ese capital de arranque, no podrá percibir los dividendos de la nacionalización.

El ministro Soliz reveló ante el senado que el Estado aún no está percibiendo esos recursos de parte de la brasileña Petrobras.

Negociación fuerte

Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva
La petrolera estatal brasileña Petrobras ha sido uno de los negociantes más duros con Bolivia.

Con la nacionalización, el Estado debería percibir el 82% del negocio, pero continúa recibiendo el 50% de antes.

Otro de los plazos tiene que ver con la suscripción de nuevos contratos con las empresas petroleras, pero las auditorias que deben realizarse previamente empezaron hace apenas un par de semanas.

El decreto de nacionalización, además, estableció el traspaso gratuito de acciones de las empresas petroleras capitalizadas y de las refinerías, pero nada de eso se logró porque las negociaciones con las compañías no prosperaron.

En este proceso, el más duro negociador resultó ser Petrobras, la empresa más afectada con la nacionalización porque participa en toda la cadena de hidrocarburos y exige compensaciones.

Los representantes de Bolivia y Brasil se dieron dos meses para acordar el precio del gas, aunque el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva adelantó que no aceptará subir el precio, a diferencia de Argentina, que empezó a pagar más por el energético.

Denuncias

Aviso de YPFB
El gobierno ha dicho que YPFB enfrenta problemas financieros.

Esos son los datos de la gestión, pero existen otros que tienen que ver con denuncias de irregularidades en YPFB. El senador Ortiz considera que la nacionalización no puede avanzar "en la medida en que esté contaminada por la corrupción".

Dos casos sacudieron los últimos días a los ejecutivos de YPFB.

El primero tiene que ver con la firma de un contrato para la exportación de crudo a Brasil a través de una empresa intermediaria, figura prohibida por el decreto de nacionalización.

En este caso, la Superintendencia de Hidrocarburos acusó por la irregularidad al presidente de YPFB, Jorge Alvarado, quien negó las denuncias y, a cambio, pidió la desaparición de la Superintendencia.

El otro surgió este miércoles y fue lanzado por el diputado de Unidad Nacional (partido de centro), Peter Maldonado, quien acusó de tráfico de influencias al asesor principal de YPFB, Manuel Morales Olivera, en la contratación de una de las siete empresas que hará la auditoría a los campos petroleros.

Morales negó la existencia de tráfico de influencias y para despejar dudas pidió la suspensión del contrato con la empresa acusada.

Ortiz considera que no se puede aplicar el decreto de nacionalización si YPFB no tiene credibilidad porque "el proceso en su conjunto está herido".

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