El continente americano es, según el Banco Mundial, la región con mayor desigualdad social.
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La IV Cumbre de las Américas, que comienza este viernes en la ciudad balneario de Mar del Plata, tiene un objetivo concreto: cómo generar empleo decente para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática.
El problema es cómo alcanzarlo.
Diez años atrás, la mayoría de los países americanos estaban inmersos en procesos de apertura de sus economías, impulso del sector privado y reforma del Estado.
Este paradigma, impulsado desde Washington, se conoció como la "teoría del derrame", según la cual el impulso dado al sector privado "derrama" luego sus beneficios al resto de la sociedad.
Una década después, muchos de los países latinoamericanos han atravesado profundas crisis políticas, sociales y económicas que, según algunos expertos y políticos, se debieron precisamente a la implementación de ese modelo político y económico.
"Hay indudablemente diferentes perspectivas (en la región)... Una visión cree que el elemento central para la generación de trabajo es continuar con las políticas de impulso al sector privado. Lo que se conoce como la teoría del derrame. Otros países, como Argentina, somos críticos de esta teoría, en el sentido de que hemos vivido experiencias de crecimiento y el derrame no llegó," señaló a la BBC el vice-canciller de Argentina, Jorge Taiana.
Visiones encontradas
Desde Estados Unidos, pero también desde Canadá y partes de América Central, se sigue insistiendo en que el mejor camino para generar empleo y crecimiento es apostando al sector privado, el libre comercio y la apertura económica.
Es por eso que en la actual cumbre, Washington quiere reflotar el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que debía entrar en vigencia en pocos meses más, pero cuyas negociaciones se encuentran estancadas desde el año pasado.
En América del Sur prevalece otra opinión, en la cual el énfasis está puesto en políticas de corte social, con el Estado jugando un papel importante en la articulación e implementación de esas políticas.
La gran mayoría de los países de América del Sur se opone al ALCA. La postura del gobierno venezolano es la más extrema en este caso, ya que no quiere tener nada que ver con el libre comercio.
Más allá de los diferentes caminos que propone uno y otro campo para generar mayor empleo, reducir la pobreza y fortalecer la democracia, una cosa es segura: los números no mienten.
Desigualdad
Washington quiere revitalizar el ALCA en esta cumbre, pero la iniciativa cuenta con muchos detractores.
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El continente americano es, según un informe del Banco Mundial, la región del mundo con mayor desigualdad social.
En América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población se queda con el 48% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre sólo recibe el 1,6%.
El Banco Mundial estima que casi el 43% de esta región es pobre, y que el 18,6% es extremadamente pobre.
Todo esto es una región que en la década del 90 experimentó altas tasas de crecimiento y donde países como Argentina, cuya economía colapsó en diciembre del 2001, fueron puestos como ejemplos de modelo a seguir.
A ello se suma que el empleo informal es sumamente alto en la región y los salarios son, en promedio, muy bajos. Se estima que 220 millones de personas viven con menos de US$2 por día.
Teniendo en cuenta estos números es fácil entender por qué el empleo y la pobreza son dos de los tres temas fundamentales de esta cumbre.
¿Democracias en peligro?
En América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población se queda con el 48% de los ingresos.
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El tercera tema clave del encuentro en Mar del Plata es la gobernabilidad democrática, y cómo la generación de trabajo puede apuntalar la misma.
A primera vista, la democracia en la región parece gozar de buena salud, pero no hay que olvidar que un cuarto de siglo atrás, apenas Venezuela, Costa Rica y Colombia tenían regímenes democráticos bien establecidos.
Y que en los últimos 10 años han sido varios los presidentes latinoamericanos, y principalmente sudamericanos, que no pudieron terminar sus mandatos.
Un último dato interesante, y para muchos preocupante, lo señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD: el 54,7% de los latinoamericanos aceptaría vivir bajo un gobierno autoritario si eso significara un mejor pasar económico.