El ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, se reunió este lunes en Washington con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hablar sobre los resultados del canje de deuda en cesación de pagos o default.
La misión de Lavagna es iniciar conversaciones para reactivar la relación de Argentina con el FMI.
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Esa operación era una de las exigencias del FMI para volver a negociar con el país.
El canje de deuda argentino logró una aceptación global del 76 por ciento y fue considerado como un éxito por los analistas.
Argentina y el FMI tienen que definir si reanudarán el actual
acuerdo crediticio, que se suspendió en agosto, o si negociarán uno
nuevo.
En un comunicado, el FMI calificó las conversaciones con Lavagna como "fructíferas y cordiales".
Informó también que ambas partes acordaron sostener nuevas conversaciones en Washington en las próximas semanas.
La deuda con el FMI
Argentina le debe al FMI unos U$ 14.000 millones.
Los técnicos destacan que la cantidad representa un 70% de las reservas internacionales argentinas, por lo que una renegociación sería "indispensable".
Para avalar esa gestión, el gobierno argentino exhibe el reciente "éxito" en la renegociación del canje de la deuda en manos de tenedores privados que estaba en cesación de pagos o default.
El problema es que lo que en Buenos Aires consideran el "éxito" del canje dejó fuera a una cuarta parte de los acreedores, la mayoría de ellos pequeños inversionistas de Italia y Alemania que no aceptaron la propuesta.
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Condiciones
Se cree el FMI pedirá al gobierno argentino solucionar la situación de los tenedores que no se acogieron al canje como requisito para un nuevo acuerdo.
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Son precisamente dos de los países del grupo de las 7 naciones más industrializadas del planeta, cuyo peso es determinante en las decisiones del FMI.
Ya el portavoz del Fondo, Tom Dawson, dejó claro que el organismo "tendrá que ver el grado de participación en el canje para tomar decisiones".
Para muchos eso sugeriría que el FMI pedirá al gobierno argentino solucionar la situación de los tenedores que no se acogieron al canje como requisito para un nuevo acuerdo.
Pero el ministro Lavagna ha insistido en que el canje está cerrado, incluso legalmente, mediante una ley aprobada por el Congreso.
Además está el tema de las tarifas de los servicios públicos y las inversiones que el gobierno argentino espera que las empresas privatizadas hagan en el sector.
Las empresas aseguran que no pueden afrontar esas inversiones si no hay una revisión sobre las tarifas que están actualmente controladas por el gobierno.
Esas compañías tienen capitales extranjeros por lo que esperan que los gobiernos de los países de donde son originarias hagan lo que puedan para mejorarles la situación.