FMI: Uruguay se ajusta el cinturón

Con la crisis aumentan los comedores públicos para pobres y desempleados.

La cámara de diputados de Uruguay aprobó este jueves recortes de US$200 millones al gasto público de este año.

Se trata de una de las condiciones negociadas con el Fondo Monetario Internacional para desembolsar un paquete de ayuda de US$2.800 millones.

La iniciativa está contenida en un proyecto de ley de 150 artículos que establecen, entre otras cosas, reducciones en los gastos de funcionamiento y de inversiones del Estado, así como nuevas normas para contratos de funcionarios públicos y potestades del Ejecutivo para fusionar ministerios.

En la votación en la cámara baja, la alianza opositora de izquierda "Encuentro Progresista-Frente Amplio", se opuso fuertemente, argumentando que la ley agravará aún más la larga recesión que afecta al país.

El proyecto pasará el viernes al Senado para su tratamiento y final aprobación.

Confianza

El Fondo planteó como exigencia a Uruguay la reducción del déficit fiscal a un 3,5% de su producto interno bruto (PIB), al finalizar este año. Hacia abril, el acumulado en los últimos 12 meses equivalía a 5%.

También crece el descontento por las políticas económicas.

El gobierno del presidente Jorge Batlle prevé que la economía de su país (hasta el año pasado en el grupo de países selectos por su grado de inversión) se contraerá un 11,4% en 2002.

En lo que va de este año, Uruguay ya ha perdido más de un 80% de sus reservas internacionales por asistir a bancos con problemas de liquidez. Hace tres días, estas reservas ascendían a sólo US$584 millones.

La ayuda del FMI está destinada en su mayor parte a sostener al sistema financiero.

Para recibir este paquete, que fue adelantado por el Tesoro de Estados Unidos, el gobierno uruguayo congeló los depósitos a término en la banca estatal y mantiene a tres bancos parcialmente suspendidos.

Privatizaciones

Tanto los legisladores del gobernante Partido Colorado como de su aliado, el Partido Nacional, se mostraron optimistas sobre los resultados de los recortes.

Por un lado comparten las críticas hechas por operadores económicos sobre un "Estado pesado y con normas rígidas".

Por otra parte, consideran que la falta de inversiones estatales se compensarán con normas de privatización de áreas como el aeropuerto internacional Carrasco, en Montevideo, o con obras públicas.

Con estas últimas, por otra parte, también pretenden combatir el desempleo, que llegó al nivel más alto en la historia del país sudamericano, un 15,6%.